Haber borrado arbitrariamente la inflación del relato oficial trae cada vez mayores complicaciones. El debate sobre el costo de la canasta básica alimentaria llevó a la directora del Indec al insólito extremo de desautorizar sus propias estadísticas. Y al futuro titular de la CGT a hacer lo propio con el índice de precios al consumidor, para no aparecer tan alineado al oficialismo. Pero la ausencia de indicadores confiables hace que también otros sindicalistas busquen recuperar espacios: es el caso del gremio de agentes de propaganda médica (adherido a la CTA) que anunció un aumento récord de 35% en paritarias, cuando en realidad acordó con las cámaras empresarias un convenio a 16 meses que recién en julio de 2013 elevará progresivamente hasta 32% la garantía mínima del sueldo básico y comisiones (de 7023 a 9300 pesos) inferiores a los de bolsillo y en el ínterin contempla tres adicionales no remunerativos de 1000 pesos mensuales.

En cuanto a la recuperación de la economía, las permanentes invocaciones presidenciales a "profundizar el modelo" oscurecen el panorama. Bajo ese paraguas tuvieron cabida, sucesivamente, el rígido cepo cambiario y las trabas a las importaciones; la "sintonía fina" (eufemismo de medidas caso por caso); la reforma del Banco Central; la expropiación de YPF o la pesificación compulsiva de créditos hipotecarios. Más cerca en el tiempo, sobrevino otra ola intervencionista que amplió el rol del Estado en el direccionamiento del crédito bancario, los planes de inversión de las petroleras y de las empresas privadas con participación estatal minoritaria, heredada de las AFJP y ahora con inmunidad para los funcionarios que integran sus directorios.

Nadie puede jactarse de los resultados de estas políticas y medidas "hechas a mano", con parches ulteriores y sin un plan conocido o articulado que las enmarque. La inflación no cede, pese al estancamiento de la actividad económica; el déficit fiscal debe cubrirse con el uso creciente de la "maquinita" y las reservas del BCRA; bajó la competitividad de las exportaciones industriales; aumentó la brecha cambiaria y también la incertidumbre que paraliza muchas decisiones de inversión, a la espera de la siguiente sorpresa.

En algunos casos hubo, incluso, un mecanismo de prueba y error. La "sintonía fina" fue abandonada prematuramente. Y la reducción de subsidios al transporte de pasajeros endosada a gobernadores o intendentes, obligados a optar entre subir tarifas o impuestos.

Ahora parece haberles llegado el turno a las trabas a las importaciones. Desde hace un mes y medio, muchas empresas advierten una mayor fluidez en la aprobación de los controvertidos permisos previos (DJAI) para ingresar insumos, piezas o equipos, aunque sin saber por qué lo que hasta hace poco se frenaba ahora se flexibiliza. Algunos especialistas lo atribuyen a que el tándem Guillermo Moreno- Beatriz Paglieri se excedió con las prohibiciones, a tal punto de haber forzado en la primera mitad del año un superávit comercial (de casi 7400 millones de dólares) superior en más del 60% a la meta anual (de 12.000 millones) prevista para cubrir el déficit energético. Pero además se comenta que tanto CFK como el ascendente Axel Kicillof (AK) tienen otros reparos. En el primer caso, porque el agresivo celo aplicado por Paglieri puso en cortocircuito la relación política con Brasil, que ahora pasó a ser recompuesta por el embajador Luis Kreckler, ex vicecanciller. Una prueba de ello será un seminario sobre comercio bilateral que tendrá lugar el martes 28 en Buenos Aires, auspiciado por la embajada brasileña. En el caso de AK, porque los indiscriminados frenos impuestos por Moreno -junto con el intervencionismo cambiario- hicieron lo propio con el PBI: en los últimos trimestres, hubo una correlación directa entre la caída de importaciones de bienes de capital (35% interanual) y el retroceso de la inversión.

Puertas adentro, Cristina Kirchner también delimitó una frontera entre el pragmatismo callejero de Moreno y el dogmatismo académico de Kicillof. Quienes frecuentan al secretario de Comercio dicen que está de capa caída por haber sido virtualmente radiado de las decisiones energéticas, monopolizadas ahora por el viceministro de Economía. Pero se lo vio exultante días atrás en una reunión que convocó a fabricantes locales y concesionarios de camiones para activar la línea de créditos subsidiados del Banco Nación con destino a la renovación de unidades y que a cuatro meses de su anuncio no arrancó por cuestiones burocráticas. A su lado, asentían en silencio los ministros de Economía y de Industria.

Aun así, esta política de subsidios crediticios para la reactivación productiva marcha más rápido que el ambicioso plan Procrear, lanzado en su momento con bombos, platillos y fondos de la Anses para construir viviendas en lotes propios y terrenos fiscales. Sobre todo cuando esta última área acaba de ser traspasada desde la órbita del devaluado ministro Julio De Vido a la Jefatura de Gabinete, sin que todavía esté claro quién se encargará de lotear las tierras y de invertir en la infraestructura de urbanización y servicios.

Además de haber diseñado ese programa, Kicillof actúa como juez y parte en el manejo de la política de hidrocarburos como titular de la Comisión de Regulación y Planificación, creada por el controvertido decreto 1277, y a la vez director por el Estado Nacional en YPF. En ese doble papel, ya se ha topado con la realidad de la frazada corta para redistribuir ingresos y subsidios entre los distintos eslabones de la cadena de combustibles. Aquí YPF mantiene el liderazgo y por eso resultó la más beneficiada con la suba de precios del gas para GNC y la rebaja combinada de precios y aumento de retenciones para biocombustibles. En contraposición, se perjudican los estacioneros de GNC a los que se pidió un congelamiento de un mes para aplicar aumentos de 15 a 45% en los surtidores (que muchos ya no respetan) y los productores de biodiésel; en especial, los más pequeños que, con el imprevisto cambio de reglas, quedan fuera de mercado y, en algunos casos, enfrentan la perspectiva de cierre de sus plantas.

Con todo, la señal más importante fue para los productores y exportadores del complejo sojero, para quienes Kicillof descartó una suba de retenciones ante los altos precios internacionales. No es para menos. A pesar de exaltar las ventajas de una economía más cerrada e intervenida por el Estado, el gobierno de CFK se apoya en dos pilares más convencionales. Si la cosecha de soja alcanza un récord de 55 millones de toneladas y la economía brasileña se reactiva y demanda más autos y productos argentinos, podrá agregarle en 2013 "una vida más" a un modelo que cada vez cuesta más definir y sostener..