Dijo que ello redunda en concreciones para “llegar con una respuesta al acceso de justicia a la población”. Puso de relieve la tarea para la actualización de los Códigos Procesales y la modernización tecnológica en la Justicia de Misiones.

-¿Con qué expectativas se puso en marcha el análisis de los Códigos de Procedimientos de Misiones?

-La significación es importantísima porque estamos hablando de la revisión de normas que llevaban más de 20 años sin que se ocupara seriamente de su actualización.

Evidentemente, se debe advertir que en 20 años, con el avance de la tecnología, con los procesos de globalización, de regionalización y demás, que sufre el mundo en el que, obviamente, estamos insertos, es seguro pensar que hay normas que directamente se han vuelto impracticables, otras que hay que actualizar y otras novedosas que hay que implementar.

Todo ello, con nota de celeridad partiendo de la base de que el servicio de Justicia es eso: un servicio que debe llegar al ciudadano en tiempo y forma. Por lo tanto, la tarea es muy importante, de gran calidad institucional.

Este emprendimiento encuentra la nota novedosa en el país de que dos poderes están trabajando. No hay antecedentes. Con un valor agregado, dado por la Legislatura que luego, obviamente por su competencia, va a analizar la correspondencia de las reformas y aprobará el proyecto de ley.

A esa instancia, con seguridad, se llegará después de un trabajo en el que participaron todos los actores de los distintos sectores que viven el día a día: los empleados judiciales, los funcionarios, los magistrados, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, los abogados que en forma particular se acercan con sus aportes. Realmente el nivel de participación es altísimo y de gran calidad y seriedad, pero también de mucha expectativa.

-Es posible tomar uno o varios ejes para destacar en forma especial, tras 20 años sin cambios en la legislación?

-Justamente, en cuanto a celeridad e inmediatez, es decir la participación directa del juez en el proceso, en casos con notas de oralidad. La “despapelización” a través de la incorporación de los medios técnicos modernos, aunque a este respecto la Legislatura ya nos dio una ley el año pasado por la cual se equipararon todos los documentos de papel a los digitales, tanto para los procesos administrativos como para los judiciales. Además le dio la capacidad al Superior Tribunal de Justicia de ir implementado este proceso, en forma gradual ya que no se puede hacer de un día a otro. Pero ya tenemos la herramienta legal que no muchas provincias la tienen.

En Misiones, eso beneficia a esta tarea que estamos desarrollando porque ya vamos incorporando notas en cualquiera de los tres Códigos que estamos tocando: Procesal Penal, Procesal Civil, Procesal Laboral y en particular estamos haciendo un capítulo de Familia, una materia muy sensible.

Son notas de oralidad y de digitalización, como establecer inmediatamente después de la presentación de las partes, un correo electrónico como domicilio legal. A partir de ahí vamos por la notificación digital, todo un tema en el procedimiento, ya que el 40 por ciento de la mora está en las notificaciones, según los estudios que venimos haciendo.

-¿Con todos esos elementos, se puede decir que se está ante un nuevo tiempo de los vínculos entre los poderes que hasta ahora no trascendía lo formal?

-Si bien la independencia de poderes funciona, lo novedoso de todo esto es que se está demostrando que eso no implica que podamos ir por más calidad institucional, trabajando en políticas de Estado desde los poderes. Por eso es destacable esta manera de actuar y además es algo que se está haciendo en Misiones, muy novedoso en el contexto del país, pero en el mundo es la tónica de avanzada.

Hablaba el año pasado, en una reunión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con gente de Naciones Unidas, y cuando le contaba nuestra experiencia de estar actuando en algunas cosas con el Poder Ejecutivo y la interrelación con el Poder Legislativo, me decían que era la política que estaba apoyando y promoviendo Naciones Unidas.

Es que se trata de la manera de llegar con una respuesta al acceso de justicia a la población, que quiere decir no acceder a los tribunales sino que la gente tenga la posibilidad de resolver su problema en el ámbito que corresponda y que no necesariamente debe ser el de la Justicia, ya que puede ser su municipio, su estado provincial. Entonces las políticas que realmente son exitosas, son aquellas que logran intercambiar, interactuar opiniones y concreciones entre los poderes.

Y esto es lo que está sucediendo en Misiones.

El juez del Siglo XXI comprometido con su medio social

-¿El trabajo se circunscribe a las instituciones o también trasciende a otros estamentos de la sociedad, como el universitario por ejemplo?

-Felizmente, en esta tarea hemos avanzado. Tenemos convenios con el Ministerio de Educación de Misiones, porque hace más de un año hemos descubierto que había agentes judiciales que no tenían el secundario y entonces lo están haciendo a través del Sistema de Educación Abierta. Y en este marco, logramos también un importante acuerdo con la Universidad Austral de Buenos Aires.

Ese reciente convenio, nos permite instrumentar una maestría en Derecho Judicial dirigido a la capacitación de jueces, secretarios y empleados del Poder Judicial pero básicamente jueces y secretarios o abogados que aunque no tengan el cargo son abogados, pero de un nivel que habla del juez del Siglo XXI donde, a partir de la Constitución, se desgrana el estudio del gerenciamiento de su unidad como juzgado, el manejo de los recursos humanos, el uso de la tecnología y básicamente el actuar de un juez comprometido con su medio social.

Es decir que el juez no puede ser aquel que no tenía por qué hablar sino a través de sus sentencias y tampoco tenía necesidad de explicar el fundamento de su decisión. Hoy, el juez democrático explica, da razón y se legitima a través de sus decisiones ante la sociedad. El legislador o integrante del Poder Legislativo se legitima a través del voto, el juez no, porque no se lo elige a través del voto.

Entonces, la legitimidad del juez tiene que partir de la base de haber llegado con sus actos fundados a dirimir cuestiones que la sociedad necesita para vivir en paz y desarrollarse en otros aspectos.

La Legislatura puso un marco de avanzada

-La dinámica de los profundos cambios que se verifican en la legislación, inciden en este trámite en que se encuentra enfrascada la Justicia provincial?

-En algunos casos no y en otros, sí. Es cierto sí que el Poder Judicial tal vez haya sido el que arrancó después en este proceso de modernización. Lo cierto y destacable también es que a través de la actividad de la Legislatura de la Provincia de Misiones se han venido dictando normas de avanzada en distintas materias como Derechos Humanos, minoridad, familia.

Además, a la par se han venido creando estructuras: juzgados, cargos de jueces, de secretarios, de fiscales, de defensores; se han jerarquizado los Juzgados de Paz, habiéndose implementado la figura del Juez de Paz letrado, después que estuvo en la Constitución por más de 50 años. Todo ello ha puesto en la necesidad al Poder Judicial para que acompañe, porque ahora hay que hacer cumplir esa normativa que, si bien está dictada, hay que llevarla al terreno.

Obviamente, esto obliga a actualizar las normas de procedimiento que tienen que asegurar la legítima defensa y el resguardo de los derechos del ciudadano y, a la vez, asegurar que el cometido de la justicia: que las sentencias se dicten en tiempo y forma, sea cumplible. Hoy, una sentencia que salga 10 o 15 años después que está planteado el problema, es como decir casi que no sirve. Y como alguna vez se dijo, la justicia lenta no es justicia.