El Gobierno y el grupo Vila Manzano acusan a Cablevisión de tener una posición dominante. Sin embargo, América TV (del grupo Vila Manzano) y Canal 9 (Grupo González) pudieron censurar abiertamente a Cablevisión y se negaron a difundir un spot publicitario que pretendió pautar esta operadora. Fue un claro caso de censura previa, que está prohibida. Pero la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que siempre esgrime el argumento del pluralismo para avanzar contra Clarín, no hizo en este caso pronunciamiento alguno.

Ese silencio bastaría para probar la proximidad del Grupo Vila Manzano con el Gobierno. Pero hay más indicios. El abogado Nicolás Becerra, allegado al grupo que conduce Daniel Vila, hace varios años denunció a Bento ante el Consejo de la Magistratura. Hubo motivos que llevaron a Becerra a sospechar que Bento era parcial en una causa. Pero el Consejo, en manos del kirchnerismo, desestimó en noviembre último esa denuncia. ¿Fue ésta una moneda de cambio para que Bento dispusiera el allanamiento contra Cablevisión? Hay otro indicio: en aquel juicio, Becerra había propuesto como testigo al abogado Ricardo Mastronardi, mientras que en el caso Cablevisión Bento nombró a Mastronardi abogado de la intervención que él dispuso. ¿Existen las coincidencias?

Veamos el caso Soria. ¿Por qué el entorno político del gobernador asesinado se apuró a difundir la tesis del accidente doméstico?

En cualquier latitud, dos personas encerradas en un cuarto, un disparo de calibre 38 y un muerto dan paso a una investigación por homicidio. En la Argentina hay eufemismos disponibles para disimular el hecho.

Para salir al cruce de esa peregrina hipótesis del accidente, el presidente del Superior Tribunal de Río Negro, Víctor Sodero Nievas -el único juez del tribunal luego de que Soria presionó por la renuncia de los otros dos-, habló de un "homicidio".

Tal vez, Sodero Nievas habló más de la cuenta y eso da pie a que el nuevo gobernador, Alberto Weretilnek, pida su juicio político. Pero no debería pasarse por alto el contexto en el que lo hizo: los jueces provinciales están desde hace años bajo fuerte presión política y Sodero buscó darle al juez Chirinos más espacio para investigar..