Claro que para que la ley tenga efecto es necesario que el kirchnerismo deje de usar a la UIF para hostigar a políticos y empresarios a los que considera enemigos, y se dedique en serio a combatir uno de los delitos más graves de estos tiempos acompañando el accionar de la Justicia.

Si no se pone fin a ese doble discurso, se darán paradojas como las de ayer cuando el titular de la UIF, José Sbatella, admitió que se investiga a Sergio Schoklender por presunto lavado de dinero pero reclamó la sanción de la ley para poder avanzar con alguna sanción. Le faltó decir que la denuncia de la Coalición Cívica hace más de un año que descansa en sus oficinas sin que nadie se haya tomado el trabajo de comprobar como se produjo el enriquecimiento súbito de uno de sus aliados estratégicos.