La política no alcanzó: irán a la Justicia

El tema licitación del transporte obtuvo mayoría para su aprobación, pero a costa de quebrar en dos al Deliberante, además de dejar ánimos caldeados. Ya avisaron que recurrirán a la Justicia, por presunta violación a la Carta Orgánica y a la Constitución de la provincia.
El poco elegante paso que dio un sector del bloque del MPN en el Concejo Deliberante, y que terminó avalando la licitación del servicio de transporte urbano en la capital neuquina con las condiciones ofrecidas por el gobierno de Martín Farizano, provocó una seria fractura política: de un lado quedó parte del oficialismo –con la UCR, PJ, parte del MPN y UNE pero sin Libres del Sur- y del otro, parte de la oposición, el PRO, el sector restante del bloque del MPN, y Mercedes Lamarca, de Libres del Sur.

El proyecto que presentaron tres ediles del MPN, y que dejó en el Ejecutivo la responsabilidad y facultad de licitar el servicio de transporte urbano, fue aprobado por 13 votos a favor y 5 en contra.

“Se consuma un fraude hacia los ciudadanos que creyeron en el discurso de amplitud, consenso y pluralidad de Farizano” dijo Mercedes Lamarca.

La concejala consideró que “no han parado de bastardear, una a una, todas las instancia participativas que ellos mismos generaron como el Caesyp, el Foro Ciudadano y la Audiencia publica”.

Junto a ella, el concejal PRO Marcelo Bermúdez destacó que “cuando esto se consolide con el llamado a licitación se estará violando el artículo 141 de la Carta Orgánica y el 292 de la Constitución Provincial”.

Según el concejal “todos los que se sientan atropellados en sus derechos van a tener la opción de presentarse en la justicia”, que es precisamente lo que harán, según se explicitó en la conferencia de prensa.

En particular Bermúdez, que siguió el proceso muy de cerca, y además en sintonía general muy evidente con el presidente del bloque del MPN, Mario Pilatti, señaló artículo por artículo sus desavenencias con el proyecto presentado por el sector del MPN encabezado por Luis Acuña, Hugo Rauque y María Angélica Carnaghi.

Entre ellas, las más destacadas tienen que ver con las exigencias planteadas en la audiencia pública, que fueron desoídas en su mayoría, y que consolidan la idea opositora base, que es la de una licitación que favorece rotundamente la continuidad de la empresa que actualmente presta el servicio.

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