Tal como lo informó este medio, a principios de noviembre se habría registrado una suerte de lockout patronal, en reclamo, por parte de Covelia, del pago de los últimos cuatro meses. Por ese motivo, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo que depositar un monto de dinero adicional en la tarjeta Alimentos para que los beneficiarios del Plan Más Vida pudieran comprar la leche que habían dejado de recibir.

Esta situación llevó a que el diputado Walter Martello (Coalición Civica) realizara un pedido de informes. Ahora, el expediente para el pago de los $ 22 millones ya contaría con el aval de la contaduría de la Provincia, y sólo resta la habilitación de la Fiscalía de Estado. El problema es que este pago, que no tiene respaldo contractual, se realizará bajo la controvertida figura jurídica del legítimo abono, y además se tomaría como referencia un precio equivalente a $ 0,70 por litro de leche transportada, cuando la licitación vencida era por $ 0,58, y en un contexto de estrechez económica que llevó a que los proveedores de comedores escolares estén amenazando con suspender el servicio por la falta de pago.

En la última licitación, Covelia presentó el precio más bajo para renovar el servicio. Pero el inminente cambio de ministro de Desarrollo Social (aún no esta definido quién será el sucesor de Baldomero Alvarez de Olivera) y la polémica que genera los montos en juego (el servicio que presta Covelia demandaría el año que viene unos 170 millones anuales) hicieron que aún no quedara firme el nuevo contrato.