Tras un arduo debate que se extendió por alrededor de seis horas, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que dispone la creación de la empresa Energía de Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (EC SAPEM), que tendrá a su cargo –entre otros aspectos- la continuidad del servicio de distribución eléctrica que prestaba la ex concesionaria EDECAT SA, actualmente bajo la conducción provisoria de la Unidad Ejecutora de Gestión.
El diputado Pablo Millán (FCS) enumeró diversas obras realizadas en toda la provincia por la gestión saliente. También Marita Colombo consideró que era “innegable” el accionar del Frente Cívico en 20 años a partir de la realización de obras estructurales.
Los diputados oficialistas Cecilia Guerrero, Rubén Ceballos, Hugo Argerich y Marcelo Rivera pusieron en duda la eficacia de las inversiones mencionadas desde el FCS, y se recordó que en los años 2002-2003-2004 el Gobierno contó con la ley de Emergencia de los Servicios Públicos, pero sin resultados elocuentes para cambiar la realidad catamarqueña. Pero las disidencias más complejas se dieron en el estudio particular del articulado de la EC SAPEM, donde incluso el oficialismo votó dividido. (Ver aparte).
Argerich fue el encargado de defender la iniciativa enviada por el Gobierno.
Los artículos 14, 35 y 39 fueron los más objetados y extendieron el debate por varias horas. Es que el FCS dejó entrever su preocupación por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, con facultades plenas, proceda a lanzar un proceso de privatización de la nueva empresa –sin la participación de la Legislatura- y se proceda al reemplazo del ENRE por otro organismo.
Diferencias
Durante la sesión quedaron expuestas las diferencias que existen en el bloque del FV. Surgieron distintas posturas, incluso, en contrapartida de lo que expresaba el presidente de la bancada, Roberto Perrota. Y esto derivó en que los diputados Rubén Ceballos, Silvia Moreta, Macarena Herrera, Egle Altamirano se abstuvieran de votar el artículo 39 por su vinculación con el 35, que hace referencia a la posibilidad de privatizar el servicio a lo largo de los 99 años de duración de la empresa.
Por momentos, los oficialistas pasaron a oponerse a las directivas de su propio Gobierno.






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