Al parecer, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, sigue siendo el protagonista excluyente de los más grandes escándalos del cuerpo del último año. Ahora, la polémica gira en torno a una designación que promete traer el rechazo de las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia.

Sucede que Barrionuevo volvió a designar al abogado Lucio Montero en la Cámara baja, pero ahora como secretario Privado de la Presidencia. Para los que no recuerdan, Montero es el abogado defensor de militares acusados de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar. El letrado tuvo un paso fugaz por la Cámara de Diputados, ocupando el cargo de secretario Parlamentario, pero debido a la fuerte presión por parte de organizaciones de DD.HH. en la provincia, que rechazaron su designación, a través de diario LA UNION, Montero debió renunciar.

En ese momento, los defensores de los DD.HH., mostraban su malestar. al afirmar que en el Poder Legislativo, la expresión máxima de la democracia moderna se designaba a una persona que defiende ante la Justicia a militares que participaron en gobiernos de facto. y que están involucrados con la desaparición forzada de personas.

Sorpresa

Aún así. Barrionuevo hizo oídos sordos al reclamo de las organizaciones y ya puso al polémico abogado en funciones. En este sentido, ayer. mientras se desarrollaba la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, Barrionuevo se hizo presente con Montero, comunicando a los presidentes de todos los bloques de la Cámara que el abogado asumía en el cargo de secretario Privado de la Presidencia.

Grande fue la sorpresa de los titulares de las bancadas, que minutos antes no entendían qué hacía el ex funcionario recorriendo los pasillos legislativos.

Cronología de la renuncia

Luego de la escandalosa toma de la conducción de la Cámara por parte del MIRA, con el aval del Interbloque Peronista, Barrionuevo designó a Montero como su secretario Parlamentario. Al día siguiente, diario LA UNION daba a conocer el currículum del flamante funcionario, donde se encontraba la defensa de militares de la talla de Carlos Ricardo Ruiz, Juan Daniel Rauzzino, Darío Otero Arán, Enrique Henzi Basso y el mismísimo Carlos Alberto Lucena, todos ellos involucrados en causas donde se investiga la desaparición de personas en Catamarca, en pleno proceso militar.

Casi en forma simultánea, el presidente de la Comisión de Presos Políticos de Catamarca, Ernesto Rojas, mostraba su “estupor”, ante la designación de Montero, al afirmar que el abogado “mantiene un pensamiento donde se trasluce una visión dictatorial y renegando de esto que nos ha costado tanto conseguir, como es la democracia”.

A pocos días de comenzar la sesiones ordinarias, la representante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos por razones políticas en Catamarca, Mirta de Clérici, daba cuenta de la preocupación de que “se esté nombrado gente que realmente comulga con la doctrina de seguridad nacional y con lo que ha sido la dictadura militar”.

Por último, un pedido formal de las organizaciones de DD.HH. a las autoridades de la Cámara con la firma de casi un centenar de personas en contra de la designación de Montero, terminó por llevar al abogado a presentar su renuncia.

En un derecho a réplica, Montero afirmaba que renunciaba “a los fines de no dificultar o entorpecer” el funcionamiento del cuerpo, “lo que bajo ningún punto de vista significa renunciar a la vida política futura, mal que les pese a quienes se autodesignan defensores de los derechos humanos...”.