Después de un fuerte debate y en una reñida votación, ayer se convirtió en ordenanza la modificación del título 1.6.0. al Código de Edificación que establece un nuevo sistema de multas y dispone la aplicación de un protocolo de demolición en el caso de las obras irregulares.

Aunque la iniciativa original ingresó a principios de marzo, la misma sufrió gran cantidad de modificaciones de la mano de técnicos y asesores legales del Municipio. Lo que derivó en la propuesta que en la sesión de ayer consiguió los 8 votos necesarios para su sanción.

Durante el tratamiento se expusieron dos mociones, una por la aprobación a solicitada por el autor del proyecto, el concejal Agustín Payes (FPV) y otra por el pa-se a las comisiones de Obras y Legislación, propuesto por el edil Claudio Polich (ECO).

Al momento de levantar el brazo, los 8 concejales del oficialismo votaron a favor, los 5 concejales de la oposición lo hicieron por el pase a comisión, y la sorpresa política vino de la mano de los liberales Gisela Gasparini y Juan Marún que decidieron abstenerse, y por primera vez, no acompañaron una iniciativa con guiño municipal.

Voces

El edil Agustín Payes sostuvo que “el espíritu de este proyecto es terminar con la anormalidad e irregularidad de algunos, ya que hay personas que vienen trabajando bien y después todos los profesionales terminan cayendo en una misma bolsa”, co-mentó, y agregó: “Tenemos el ejemplo del lamentable derrumbe y a partir de ahí muchos profesionales estuvieron siendo apuntados por la sociedad”.

Explicó que “una vez que se detecta la superficie construida sin permiso, automáticamente corresponde paralización, el estado de las multas no implica el saneamiento de la irregularidad, por lo tanto el trámite continúa, se disparan distintas acciones que tienen que ver con los profesionales, la empresa constructora, el fideicomiso”.

En contrapunto, el edil Juan Marún (PL), que se abstuvo de votar, justificó: “No estamos convencidos de que si estas propuestas no van acompañadas de una verdadera reforma también administrativa”, agregando que dicha ordenanza requiere un “mayor debate y estudio”.

En misma sintonía, Polich leyó la carta de disconformidad respecto del proyecto por parte del Consejo Pro-fesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, “creemos que el debate no está terminado, necesitamos más tiempo de debate”, sostuvo.