Una fuerte polémica se desató en los Tribunales Federales de Tucumán en torno a las causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, recibió una severa reprimenda de la Cámara Federal de Apelaciones (CFA), que además lo denunció ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Fue luego de que el funcionario emitiera, el pasado 3 de julio, una resolución requiriendo a los fiscales de primera instancia que, por la naturaleza de los expedientes que investigan los delitos cometidos por el gobierno de facto, los mismos sean habilitados para su tratamiento durante la feria de invierno, que finalizó el martes pasado. En su planteo, que también fue elevado a la CFA y a la PGN, Gómez había advertido, además, que estas causas "vienen sufriendo demoras inaceptables" en su tramitación.

Fuerte reprimenda

Un día después, con la firma de los jueces Ricardo Sanjuán, Ernesto Clemente Wayar, Raúl David Mender, María Cossio de Mercau y Graciela Fernández Vecino, la CFA rechazó en duros términos el planteo del fiscal y negó que existan demoras en la tramitación de esos expedientes.

"Analizando el contenido de dicha resolución (firmada por Gómez), teniendo en vista las estadísticas respecto de las causas de derechos humanos y, sobre todo, el informe detallado de la Secretaría Penal de Cámara con relación a las que se tramitan ante esta Alzada (Cámara), este Tribunal advierte que las afirmaciones del señor fiscal sobre 'demoras inaceptables' no se ajusta a la verdad", sentenciaron los camaristas, en la Acordada Nº 89/12, a la que EL SIGLO tuvo acceso.

Según los integrantes de la CFA "tal manifestación constituye un agravio a los miembros y funcionarios de este Tribunal y a los jueces y funcionarios de la jurisdicción (Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero), en atención al notable esfuerzo que en ella se lleva a cabo para tramitar sin demoras ni interrupciones este tipo de causas, atento a la naturaleza de los derechos que se hayan en juego en las mismas".

Además, advirtieron que las expresiones de Gómez "resultan inadecuadas, irrespetuosas e innecesarias"; al tiempo que "no se toleran de ningún modo sus dichos respecto que tales causas 'vienen sufriendo demoras inaceptables'".

Por otro lado, los magistrados señalaron que "la declaración de una causa como asunto de feria debe ser hecha en cada instancia y ante el juez o tribunal que corresponda, razón por la cual resulta innecesario que el fiscal general avise a esta Cámara la instrucción que impartió a los fiscales de primera instancia, por tratarse de un tramite interno de la Fiscalía".

Finalmente, los cinco jueces que integran la CFA ordenaron comunicar el contenido de la Acordada a los jueces y vocales de los tribunales orales de la jurisdicción "al señor procurador general de la Nación, Luis Gonzáles Warcalde y al fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Jorge Auat".

La resolución de la polémica

En su actuación, Gómez había requerido a los fiscales de primera instancia de la jurisdicción de la CFA que avancen en la tramitación de las causas por delitos de lesa humanidad durante las dos semanas de la última feria (del 10 al 24 de julio), entendiendo que "se trata de procesos complejos que, precisamente por esa característica, requieren de una dedicación mayor".

Entre otros aspectos, el fiscal general ante la CFA había argumentado que "en ámbito de esta jurisdicción, que abarca Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, se están tramitando numerosos expedientes penales en los que se llevan a cabo investigaciones sustanciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno de facto, y sus conexas".

Además, advirtió que "en todas esas causas está involucrado un interés social de máxima relevancia por el tipo de hechos, la cantidad de víctimas y de imputados".

También recordó que "la naturaleza penal de esos procesos, sumada a la gravedad e importancia de los intereses y personas involucradas, y a los daños reseñados en los registros del Ministerio Público Fiscal, indican con claridad que tales causas vienen sufriendo demoras inaceptables y exhibiendo razones de urgencia (que) no son sólo atendibles sino también impostergables, que impiden dejarlas fuera de las que deben tramitar durante la feria judicial de julio del corriente año".

Por último, Gómez había manifestado en su resolución que el propio Procurador General de la Nación "atendiendo las características de aquellos procesos, ha instruido reiteradamente al Ministerio Público Fiscal de la Nación con competencia penal para que extremen los recaudos que sean necesarios a fin de agilizar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno de facto, propiciando el avance constante de las investigaciones, objetivo que se vería frustrado si tales procesos se paralizan durante la feria judicial".