En una decisión que ya desata polémicas técnicas y políticas, la Fiscalía General de la Provincia, que conduce Darío Vezzaro, dispuso en octubre pasado la puesta en marcha de una “superfiscalía” para investigar casos que el propio jefe del Ministerio Público considere “complejos”.

La polémica, en resumen, tiene que ver con que los tres fiscales que conforman esta “Unidad de Investigaciones” fueron elegidos “a dedo” por Vezzaro; e intervendrán en estos casos complejos sólo cuando su jefe lo ordene, al margen del sistema de sorteo de causas que se impuso años atrás como garantía de respeto al principio del “juez natural”, y que, al parecer, podría el jefe de los fiscales disponer que intervenga incluso en casos que son de exclusiva competencia del Fuero Anticorrupción, donde suelen investigar a los políticos y funcionarios.

Estas características especiales de la nueva “superfiscalía” ya provocan reparos en algunos fiscales, en abogados del foro local y en referentes políticos opositores.

Esto a pesar de que la iniciativa cuenta con la anuencia del Tribunal Superior, que “tomó razón” de las resoluciones de Vezzaro y, a través de voceros, las consideró beneficiosas para la persecución de delitos complicados y “en línea con las políticas judiciales implementadas” por el alto cuerpo.

Por su lado, el fiscal General defendió la iniciativa. Dijo que “no se trata de elecciones personales sino de parámetros objetivos y logrados de común acuerdo entre los fiscales Alejandro Moyano, Enrique Gavier y Mariano Antuña”.

“No existe violación al principio de fiscal natural”, explicó Vezzaro.

De qué se trata. La “Unidad de Investigaciones de Casos Complejos” fue creada el 22 de octubre pasado mediante la instrucción general Nº 5/10 que lleva la firma del fiscal adjunto José Gómez Demmel. Estará integrada, según se dispuso en otra resolución posterior, por los fiscales Gavier (Distrito I, Turno 1), Moyano (Distrito I, Turno 5) y Antuña, quien juró como fiscal el 17 de noviembre y quedó a cargo de la Fiscalía de 27ª Nominación.

En la resolución se argumenta que “las características del fenómeno delictivo imponen la necesidad de adaptar las estructuras que componen el Poder Judicial a fin de optimizar la respuesta punitiva penal”, y que “en los últimos años se han ido distinguiendo ámbitos de delincuencia que, por sus propias características, merecen ser investigados por órganos especializados”.

Gómez Demmel puso como ejemplos los casos del Fuero en lo Penal Económico y Anticorrupción y de las fiscalías “de delitos cometidos en flagrancia”, que ya se han puesto en marcha en una circunscripción del interior provincial.

También se señala que la iniciativa “tiene por fin descomprimir la diaria tarea del resto de las fiscalías de Instrucción, que de esa manera pueden dirigir sus recursos a la investigación de las demás causas”.

Con estos argumentos justifica el Ministerio Público “la necesidad de sacar esa clase de casos del ámbito de actuación material de las fiscalías de Distrito comunes” e imponer “el establecimiento de un criterio de asignación de competencia para la investigación en razón de la materia, complementario del criterio territorial”.

Este “establecimiento de un criterio de asignación de competencia en razón de la materia” es lo que, para algunos, abre la puerta a una riesgosa discrecionalidad del jefe de los fiscales, más allá de quién esté ocupando ese cargo.

Reparos y críticas. Para el diputado nacional Oscar Aguad, precandidato a gobernador por el radicalismo, “la iniciativa no es mala en la medida en que no permita que se retiren del juez natural o del fiscal natural las causas en las que pueden estar involucrados funcionarios públicos o integrantes del poder político”.

“La garantía sería una cláusula especial que determine que si hay un funcionario involucrado, no puede dejar de intervenir el fuero Penal, Económico y Anticorrupción o el juez o fiscal natural”, señaló.

El senador nacional Luis Juez, candidato a gobernador por el Frente Cívico, dijo que la iniciativa de Vezzaro es “otro invento de Unión por Córdoba, coherente con su política signada por la dependencia del Poder Judicial con el Ejecutivo”.

“Estamos en contra de los fueros de excepción y, por lo tanto, una comisión de esas características no podemos aceptarla. A un año de la elección para gobernador, esta Comisión es un embudo al que irán a parar todas las tropelías que puedan aparecer, con el propósito de diluirlas, postergarlas o esconderlas”, señaló.

Quejas. Varios fiscales de instrucción consultados por este diario (cuyas identidades quedan en reserva por su propio pedido) coincidieron en que la iniciativa tiene un costado positivo y otro negativo. En primer lugar, advierten que es necesario revertir la situación de la mayoría de los fiscales con jurisdicción en Capital que casi no tienen tiempo ni recursos para investigar tipos delictivos más complejos, porque deben dar prioridad a las causas con presos, la mayoría de ellas por delitos comunes.

“Estamos de turno de sábado a sábado y siempre terminamos con 20 ó 30 presos cuyas situaciones tenemos que resolver de manera urgente; no podemos dejar de lado a esas personas para ponernos a estudiar cómo funcionan las asociaciones ilícitas”, explicó un miembro del Ministerio Público.

El resultado es que todas las causas complejas se demoran meses o años en prosperar. En ese sentido, los fiscales ven con buenos ojos la iniciativa.

Pero, al mismo tiempo, hablan de un aspecto negativo: la falta de parámetros concretos y objetivos para definir la calificación de un delito como “causa compleja”. Eso, para varios fiscales, abre una puerta a la discrecionalidad de quien tenga que decidir, en este caso el fiscal Vezzaro o los adjuntos.

Varios abogados que caminan los pasillos de Tribunales II recibieron la noticia con cierta indiferencia. Muchos no están seguros de que provoque una aceleración inmediata en las causas. Otros dicen, por lo bajo, que la designación de fiscales en una superfiscalía creada por Vezzaro para investigar las causas que él elija, podría estigmatizar a esos fiscales.