Un embargo dispuesto por un agente municipal del área de Asesoría Letrada a la firma Telefónica Móviles Argentina SA, dio por tierra con un principio de acuerdo entre esa empresa --administradora de Movistar-- y la comuna, por una deuda de 700 mil pesos que la firma mantiene por "derechos de oficina".

La intervención a las cuentas fue realizada por el abogado Daniel Alberto Peri, materializando la indicación tomada cinco meses atrás por el juez interviniente en el juicio iniciado por el municipio a la empresa de telefonía, por la falta de pago en el período 2008-2009, y contrariando indicaciones dadas desde la secretaría de Economía y Hacienda.

Los derechos de oficina refieren el pago que debe realizar esa empresas por el control e inspección que realizan técnicos municipales en las antenas de telefonía instaladas en el partido de Bahía Blanca.

El conflicto se originó porque el embargo se concretó cuando la secretaría de Economía y Hacienda llevaba adelante negociaciones con Telefónica, estando a punto de cerrar --de acuerdo con los señalado por el titular de esa cartera-- un acuerdo para el cobro de la deuda.

Claudio Pontet, asesor letrado del municipio, explicó a "La Nueva Provincia" que hace meses se comenzó a reclamar la deuda, recibiendo cuestionamientos que derivaron en la decisión de realizar un juicio.

"Telefónica aseguraba que el cobro no correspondía, que era inconstitucional y hasta formularon planteos que la Municipalidad rechazó, iniciando un juicio de apremio", explicó Pontet.

Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, la firma se apersonó en el municipio, buscando establecer un acuerdo.

"En medio de esas charlas, el secretario de Economía (Ramiro Villalba) le indicó a Peri que no trabara ningún embargo hasta ver si se llegaba a un acuerdo", explicó Pontet.

A pesar de esas instrucciones, Peri concretó el embargo el pasado 9 de agosto, afectando la disponibilidad de 13 millones de pesos en distintas cuentas de Telefónica.

"Se hizo cuando se estaba a punto de solucionar el conflicto, desobedeciendo la orden del secretario y provocando la caída del acuerdo", resumió Pontet.

A partir de lo ocurrido, el municipio inició un sumario administrativo a Peri, al considerar el incumplimiento de las órdenes recibidas, y desistió del juicio a Telefónica.

"Esto no significa que renunciemos a la deuda o a nuestros derechos. Eventualmente empezaremos un nuevo juicio. Pero ahora lo que queremos es levantar el embargo", indicó Pontet.

"Una burla"

Para Ramiro Villalba, secretario de Economía y Hacienda, lo ocurrido fue "una burla" hacia Telefónica, teniendo en cuenta que el embargo se instrumentó pocas horas después de haber mantenido una reunión con directivos de esa firma, donde se llegó a un principio de acuerdo.

El titular de Economía explicó a "La Nueva Provincia" que Telefónica tomó contacto con el municipio para llegar a un acuerdo.

"Tuvimos un par de reuniones, en las que los representantes de la empresa manifestaron su voluntad de pagar, por lo que comenzamos con las tratativas. En ese momento dí la orden expresa, ratificada por el asesor letrado Claudio Pontet, de no embargar sus cuentas", aseguró Villalba.

Luego del último encuentro, el pasado 9 de agosto, Villalba se comprometió a enviar un mail a la empresa dando el último visto bueno al acuerdo.

"Ese mismo día me entero que Peri embargó las cuentas. De inmediato me llaman desde Buenos Aires para manifestar su asombro por una decisión que les afectó 13 millones de pesos", explicó.

A partir de ahí, y de acuerdo con los dichos de Villalba, Peri no supo justificar su comportamiento y se decidió iniciar un sumario administrativo.

"La charla fue mucho más suave de la que merecía el acontecimiento y pensábamos que iba a quedar ahí, pero parece que el hombre (por Peri) hizo algunos comentarios públicos y esto trascendió", amplió Villalba.

Por último, el secretario de Economía dispuso que se desistiera de toda acción judicial.

"Tengo que mostrar que no soy un mentiroso. Telefónica se fue de acá con mi palabra de que en una semana resolvíamos todo y cuando llegaron a Buenos Aires tenía las cuentas embargadas. Fue casi una burla lo que hicimos", finalizó.

La visión de Peri

"No tengo dudas de que actué como corresponde"

Daniel Alberto Peri se desempeña desde hace 23 años en el municipio y es uno de los mandatarios del intendente municipal a la hora de realizar juicios.

Estaba desarrollando tareas en Tribunales cuando, sobre el mediodía de ayer, recibió el llamado de este diario para consultarlo sobre lo ocurrido.

"No puedo decir nada. El tema quedará ahora en manos del intendente municipal", anticipó.

Peri explicó que responde a un "sistema disciplinario" --el municipal-- y que pocas horas antes tomó conocimiento de la posibilidad de ser sancionado por su decisión de embargar las cuentas de Telefónica.

Explicó que su trabajo se encuentra sometido a "dos obligaciones", la de mandatario del jefe comunal para llevar adelante los juicios del municipio y la de abogado.

"Desde hace 24 años respeto las normas del mandato, el código de procedimientos y la ley que reglamenta mi profesión. Todo eso me indica que los juicios los tengo que seguir adelante, esa es mi responsabilidad", señaló.

También explicó que, desde marzo, tiene en su poder la orden judicial de embargar las cuentas de Telefónica, tiempo durante el que esperó instrucciones escritas precisas acerca de cómo actuar.

"No hice más que continuar con mis obligaciones y seguir el juicio adelante. Ahora me dicen que existía una posibilidad de acuerdo y que me habría excedido en mis funciones. Yo no creo que sea así, pero esa es la situación", agregó.

Si bien Peri reconoció que existieron indicaciones de Villalba sobre no realizar el embargo, el letrado no dudó en calificarlas como "completamente irregulares".

"Existe un oficio de embargo que debo cumplir dentro de los plazos previstos por la ley. La indicación del secretario es totalmente irregular, porque se opone a una orden judicial y es contraria a un expediente administrativo", aseguró.

Por último, Peri insistió en no tener dudas sobre su proceder.

"Por eso voy a ejercer mi derecho de descargo y veré si el intendente toma cartas en el asunto", señaló.