a través del Registro de la Propiedad, denegó la inscripción de ese título, tiene una nueva arista a partir de una resolución adoptada por el juez civil y comercial de esta ciudad Juan Zaloff Dakoff.

El magistrado, en una polémica decisión, resolvió convalidar que la firma cordobesa Bajo Hondo Agropecuaria SA estaba en condiciones de inscribir a su nombre el título de propiedad de las 5.000 hectáreas de tierra adonde según las ultimas denuncias ya se habrían realizado tareas de desmonte y de deslinde.

Días atrás, cabe indicar, el Registro de la Propiedad Inmueble del Chaco no permitió la inscripción de un título de propiedad a dicha empresa agropecuaria, que compró las 5.000 hectáreas de tierras que fueron otorgadas a la comunidad indígena, aduciendo que esa transacción se encuentra prohibida por ley provincial, por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y por los tratados internacionales a los que se encuentra adherida la Argentina.

De este modo, con lo expuesto por el gobierno en base a las leyes vigentes que dicen que no se pueden vender las tierras cedidas a la comunidad indígena, y lo resuelto anteriormente, ahora deberá el juez Zaloff Dakoff tener un pronunciamiento debido a que un grupo de familias de esa comunidad originaria -los moqoit- que viven desde hace bastante tiempo y que incluso denunciaron que intentaron desalojarlos, pretenden apelar el fallo, pidiendo que sean tomados en cuenta como parte de la causa.

Situación conflictiva

En este marco de conflicto, en enero de este año, la Policía Rural actuó para proteger por orden de la justicia a las familias de aborígenes que ocupaban un predio de 2573 hectáreas y eran presionadas para firmar un “desalojo amistoso” por parte de representantes de una empresa. La tensión se hizo evidente ya que las familias eran presionadas con amenazas, destrucción de hornos de carbón y maquinarias, según se indicó oportunamente.

Desde noviembre de 2011 ocurren intimidaciones para intentar el desalojo de una comunidad aborigen ubicada en Parcela 82, Circunscripción 8, departamento Almirante Browm, a 57 kilómetros de Pampa del Infierno (lugar conocido como Raíz Chaqueña), de 2573 hectáreas. Se ingresa por Ruta Provincial 5, por el cual uno de los miembros de la comunidad realizó una denuncia ante la Policía Rural sobre los sucesos.

La información señala que según testimonios de los integrantes de esta comunidad, una persona sindicada como intermediario vendedor, gestor de tierras presuntamente de Villa Ángela, junto a dos personas más, habría forzado a algunos miembros de la comunidad para que desalojen sus tierras, pero ‘no aceptaron porque habitan desde hace más de 23 años en dicho lugar y las tierras pertenecen a las comunidades aborígenes pero no a cada uno de sus miembros‘, según dijeron.

Una operación cuestionada

El caso adquiere aspectos relevantes, en cuyo marco tal como publicó NORTE oportunamente desde la corresponsalía de Pampa del Infierno, la Policía Rural había indicado que “Valentina Leiva de la etnia mocoví realizó una denuncia en la que alertaba a la Policía que el escribano Fabián Vargas y Ricardo Echagüe, representando a la firma Bajo Hondo S.A, realizaron una reunión en su domicilio con otros aborígenes, y entre otras cuestiones el escribano Vargas les dijo que tenían que retirarse de manera urgente ya que la empresa posee título de propiedad, iban a sacarlos por las buenas o por las malas ya que pasó mucho tiempo y no se retiraron”.

A raíz de esta denuncia el subcomisario Romero “dio comunicación a la fiscal de turno doctora Liliana Lupi, quien ordenó que la Policía se traslade a la parcela 82 para dar protección a los aborígenes. Fuimos y eso de la 10 de la mañana llegaron cuatro personas representantes de la empresa en un auto y una camioneta identificados como Radolowosky; Nelson Oviedo de Villa Ángela, Daniel Fiz y Ricardo Echagüe, ambos de Reconquista”.

En octubre de 2011, el presidente y el secretario de la Asociación Comunitaria Colonia LPA NA A QOM firmaron un boleto de compraventa en una escribanía de Quitilipi con representantes de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA cediendo dos predios de un total de 5 mil hectáreas en la zona conocida como “Raíz Chaqueña” en cercanías de Pampa del Infierno. Posteriormente, a principios de noviembre, la firma cordobesa inicia una demanda civil contra la asociación indígena en reclamo por la escrituración del título de propiedad. Los referentes de la asociación indígena que participaron de la transacción comercial admitieron ante la justicia civil el planteo de los compradores, y poco más de un mes después, el 13 de diciembre, el juez Zaloff Dakoff falló a favor de la empresa cordobesa habilitándola para obtener el título de propiedad de las tierras en una sentencia que contradice toda la legislación vigente sobre propiedad comunitaria de las tierras de las comunidades indígenas. Con el fallo judicial a su favor, la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA ocupó los territorios desalojando violentamente a sus pobladores y destruyendo las precarias instalaciones de las comunidades indígenas de la zona de Raíz Chaqueña. Días después, un grupo de mujeres de la comunidad moqoit que fuera desalojada de sus territorios comunitarios que habitan desde hace décadas presentó una denuncia penal por usurpación y daños contra la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA y solicitó constituirse en parte de la causa civil para poder apelar la decisión del juez Zaloff Dakoff que el magistrado debería resolver en los próximos días.