La presentó la Iglesia Católica a Piñera para perdonar a militares condenados por violar los derechos humanos; recibió duras críticas
La iniciativa despertó un inmediato rechazo en los organismos de derechos humanos, la oposición de centroizquierda y de la Corte Suprema. El gobierno afirmó de inmediato que se tomará un tiempo para "reflexionar" sobre la propuesta y luego dará a conocer su decisión.
La solicitud se presentó durante un encuentro entre Piñera; el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, en el palacio de La Moneda.
Goic, que no aceptó preguntas, leyó una declaración que señala que "en materia de crímenes de lesa humanidad [...] se pueden dar pasos de clemencia actuando en el marco del Estado de Derecho, del ordenamiento constitucional y de los tratados internacionales vigentes".
"No buscamos reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretendemos que se cierren por decreto. Simplemente presentamos a las autoridades de la Nación la realidad de dolor que viven personas privadas de libertad, que han sido juzgadas y han cumplido gran parte de sus condenas", añadió Goic.
Sobre los violadores de los derechos humanos, el texto presentado por la Iglesia señala que "no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se sometieron" y que la reflexión "debe incluir, por ejemplo, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos".
En una reacción inesperada, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, objetó la iniciativa, a días de que su tribunal enviara a prisión a miembros de la policía secreta de la dictadura. "Los indultos y la amnistía no debieran coexistir en un régimen democrático, son situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna", subrayó.
En el mismo sentido se manifestó el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, cuyo padre fue asesinado por la dictadura de Pinochet. "A mí no me gustan las monarquías presidenciales. El indulto en Chile es una institución monárquica, la idea de un rey, un monarca, que puede perdonar", dijo Enríquez-Ominami desde Costa Rica.
Las voces de rechazo también surgieron de los grupos de defensa de los derechos humanos. "Entregaron la propuesta sin escuchar a los familiares de las víctimas", reclamó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. "La Iglesia está desconociendo a todos los sacerdotes que perdieron la vida en la dictadura", agregó la dirigente, rodeada de familiares de víctimas, que se acercaron a la sede de gobierno para manifestar su descontento.
La propuesta, en cambio, fue bien recibida en el seno de la derecha chilena. "Es una visión realista, no va a los extremos, es integradora", afirmó el senador de la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) Patricio Melero.
"La Iglesia aplica la compasión de manera uniforme. La compasión no conoce categorías", señaló, por su parte, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, el partido que llevó a Piñera al poder.
En tanto, el diputado Tucapel Jiménez (Partido por la Democracia), hijo de un conocido sindicalista asesinado durante la dictadura, lamentó que con esta propuesta "se hayan reabierto heridas".
En medio de la polémica, el gobierno de Piñera pidió calma a través de su vocera, la ministra Ena von Baer. "El presidente reflexionará respecto de este documento y tomará una decisión sobre la base de los compromisos del gobierno con la verdad, la justicia y la unidad nacional", señaló acerca de la propuesta, planteada con motivo del bicentenario de la independencia del país, que se celebra este año.
Piñera, que mantuvo una reunión con cientos de militares acusados de crímenes durante su campaña electoral, evitó hasta ahora afirmar si aprobará la medida y señaló que la estudiará el fin de semana. Luego, mantuvo una reunión con las hijas del asesinado general Carlos Prats, quienes dijeron estar "tranquilas" respecto de la posibilidad de que Piñera aplicara el indulto.
El tema, que cruzó los últimos 40 años de la historia chilena, encuentra al país con 700 militares procesados por violaciones de los derechos humanos, y unos 60 encarcelados.
Los beneficios de la iniciativa alcanzarían a condenados por sentencia definitiva de buena conducta y que no sean un peligro para la sociedad, cuyas penas podrían reducirse parcialmente. Además, pide una reducción adicional para presos mayores de 70 años y mujeres que tengan hijos menores de 18 años. También que se conmuten penas por otras menos duras a quienes padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, y que a los enfermos terminales se les condone el tiempo que les queda por cumplir.
Unas 3000 personas fueron asesinadas y 50.000 torturadas durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales.
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