Participaron de la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano unos 20 asesores y más de 80 vecinos, entre ellos unas 20 personas que actualmente viven en la villa Rodrigo Bueno. Durante las casi dos horas que duró el debate.

"Tal y como está planteada la ley no sólo es ofensiva para la Legislatura, sino para la dignidad de los diputados y la división de poderes. De aprobarse en estos términos, dejaríamos de ser una democracia participativa -tal como lo establece la Constitución porteña- y nos convertiríamos en una plutocracia, donde manda el poder económico sobre las representaciones políticas electas por el pueblo", advirtió el legislador Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico, Bloque Proyecto Sur).

Por otro lado, "la ley tiene errores -contradicciones con el convenio- que exigen, para su aprobación, una modificación. Pero según los términos en que está planteado, cualquier cambio en el texto haría caer el convenio", explica Camps.

Según el diputado "a esto hay que sumarle que el proyecto carece de la debida Evaluación de Impacto Ambiental, se pretende tomar como válida la Audiencia Pública realizada en 2002, a pesar de que el proyecto ha cambiado sustancialmente; se pretende ceder el uso del canal de la Reserva; se quiere aprobar como ley de simple lectura cuando es una manifiesta modificación al Código de Planeamiento Urbano y cesión de derechos, y por tanto requiere doble lectura y 40 votos".

"En estas condiciones el proyecto debe ser rechazado sin más trámite", sentenció Camps, quien participa de las tres comisiones en las que se debatirá Planeamiento Urbano, Ecología y Protección y Uso del Espacio Público.

Durante la reunión se solicitó realizar, la semana próxima, un nuevo encuentro de asesores, diputados y vecinos con invitación abierta al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que aporte la información que aún no consta en el expediente.

"Estoy planteando la necesidad de archivar este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo porteño porque omitieron incluir dentro de la moción el cumplimiento de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dicen que todo proyecto que modifica el Código de Planeamiento Urbano tendrá tratamiento de doble lectura y necesitará una mayoría especial de 31 votos encada una de las lecturas. Y, que entre la primera y la segunda sanción, se deberá convocar a una audiencia pública. Visto y considerando que en la cláusula 4 del convenio de este proyecto de ley que están proponiendo se enuncia que si la Legislatura no llegase a aprobar la moción o la aprobara con modificaciones al texto, este convenio se extinguirá de pleno derecho y quedará sin efecto ni valor legal alguno para las partes. Entonces no podemos tratar un proyecto de ley que en sí mismo encierra una incongruencia técnica de gravedad, ya que es de por si inconstitucional", explicó el legislador del bloque GEN y candidato a diputado nacional por el espacio que lidera Hermes Binner (FAP), Martín Hourest.

"Quiero aclarar que si bien este es un reparo estrictamente técnico también me opongo por cuestiones urbanísticas, ecológicas y de planeamiento urbano estratégico ya que pretenden rezonificar el predio para permitir la construcción de 16 torres de 160 metros de altura y un barrio semi-privado con una marina. La ganancia de estas construcciones sería cuantiosa ya que estaríamos hablando de que el metro cuadrado se vendería en 5.000 y 6.000 dólares dándole un ingreso a IRSA de3.500 millones de dólares", dijo Hourest.

"Después de cuatro años de gestión macrista, el Ejecutivo no cumple con las cláusulas institucionales que necesita para que un proyecto de ley sea aprobado optando siempre por las empresas constructoras, en detrimento de los vecinos y sus intereses", concluyó Hourest.