El coordinador del Programa de Protección Ciudadana, César Ventimiglia, deslizó el lunes en la reunión de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante que el municipio podría cobrar una "contribución extraordinaria" a comercios, empresas y barrios privados que cuenten con cámaras de seguridad. La polémica estalló enseguida: ayer, concejales opositores cuestionaron la intención oficialista.

Ventimiglia dijo que estaba bajo análisis la posibilidad de que estos negocios o barrios pudieran incorporar las imágenes de sus cámaras a las que son controladas desde el centro de monitoreo municipal. Por el servicio, deberían abonar un plus impositivo.

"No queremos que se cobre ninguna sobretasa. No queremos que la gente tenga que abonar nada. Es una ridiculez", disparó la concejal radical Vilma Baragiola. "Creo que, en cambio, habría que conformar un fondo destinado a la seguridad que provenga, por ejemplo, de lo que ingresa por el juego o los peajes".

Su compañero de bloque Mario Rodríguez coincidió: "Ya se cobra una sobretasa de turismo y otra de salud. Nos parece injustificado que se cobre una por seguridad".

Rodríguez aclaró que la seguridad es responsabilidad del estado provincial, y que el municipio debe reclamar fondos, personal e infraestructura al gobierno bonaerense. Se quejó, además, porque entiende que el municipio "ni siquiera cumple los convenios que firmó con la Provincia" para apoyar la política en seguridad.

Carlos Arroyo, de la Agrupación Atlántica, fue contundente: "Este tipo de ideas me causan mucha indignación. Es absurdo lo que quieren hacer. Desconocen la situación real de los contribuyentes, que no están en condiciones de pagar un solo centavo más".

Arroyo calificó de "irresponsables" a las autoridades municipales y acusó al área de Protección Ciudadana de ser "ineficiente". Recordó que otros municipios "tienen 400 o 500 cámaras de seguridad mientras en Mar del Plata hay solo 60".

En su exposición en el Concejo, Ventimiglia prometió que a fin de año habrá 100 cámaras en funcionamiento conectadas al centro de monitoreo. "A partir de esta decisión de gobierno, se articula directamente con el Poder Judicial y la policía, buscando una eficaz prevención del delito", lo respaldó el jefe de la bancada de Acción Marplatense, Diego Monti.

El único opositor consultado por LA CAPITAL que aceptó la posibilidad de que se instaure una "contribución extraordinaria" para comercios y barrios privados fue Hernán Alcolea (PRO). Pero alertó que antes debería ser aprobado su proyecto de ordenanza que estipula la creación de un protocolo para el uso de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Alcolea mencionó que, cada doce cámaras, el municipio paga cinco sueldos, y que además el sistema necesita mantenimiento. "Me parece razonable que algunos sectores a los que se les prestaría el servicio pudieran hacer un aporte", opinó.

El concejal macrista relacionó la idea del gobierno municipal con otro proyecto suyo, que busca que las entidades financieras, los bancos, los shopping y los boliches estén obligados a colocar cámaras de seguridad. "No me parece mal que luego se les cargue una parte de lo que implica el mantenimiento del centro de monitoreo", comentó.