Horas de tensión se vivieron ayer entre funcionarios del Gobierno local y una familia juninense que ocupó un predio en Rector Alvarez Rodríguez y avenida de Circunvalación, que es propiedad de la provincia de Buenos Aires, cuando las palas mecánicas del municipio comenzaron a retirar un cerco divisorio y posteriormente agentes de Obras Sanitarias taparon un pozo de extracción de agua, por considerarlas obras “clandestinas”, hecho que los ocupantes del terreno, niegan.

A través de un comunicado de prensa, el municipio indicó que “en el marco de la ordenanza 2309/86 y sus modificatorias y el decreto de ley provincial 6769/58, el Gobierno local procedió a retirar el cerco divisorio y eliminar la perforación del pozo de captación de agua”.

Y agregó: “El municipio verificó la trasgresión al reglamento de construcciones que impide la ejecución de trabajos de construcción (muros y cercos divisorios entre parcelas) sin haber primero presentado los trámites pertinentes y los planos de obra. Además, se constató la perforación de pozos de captación de agua en forma irregular, ya que no contaban con autorización y la colocación de estos pozos está prohibida en lugares en los cuales existe el servicio de suministro de agua corriente”.

Asimismo, el secretario de Gobierno municipal, Mauro Gorer, remarcó que pese a que la comuna realizó las intimaciones correspondientes, los ocupantes del predio “no presentaron ninguna documentación” sobre la titularidad del terreno, por lo que “se procedió a emitir el decreto 286 que ordenó la remoción del cerco divisorio y la eliminación del pozo”.

Asimismo, Gorer adelantó en diálogo con este diario que pedirán a la Justicia, más precisamente a la Fiscalía General, que investigue si existe “delito de usurpación”.

Sobre este punto, Yésica Montes, que vive con su pareja, Claudio Crocco, y sus hijos, en una casa rodante que instaló en el predio, afirmó en una entrevista con DEMOCRACIA que “está iniciado el expediente en la Provincia” (el terreno es propiedad de la Dirección de Hidráulica y Saneamiento bonaerense) para la compra del mismo, a un valor de mercado, cuya tasación hace el Banco Provincia.

En este sentido, Montes aclaró que actuaron “conforme a derecho” y que no cuadra la tipificación de “usurpación”. Además, mencionó que hay otros vecinos ocupando la parcela y que ellos están dispuestos a pagar un canon hasta que salga la venta del terreno.

Montes explicó que el terreno en cuestión fue expropiado hace 104 años para la construcción del Canal del Norte, una obra que nunca se ejecutó, y aclaró que no es un bien público, sino privado.

Sobre el perímetro que el municipio derribó, Montes declaró que se hizo conforme a derecho, y que para eso se consultó a un arquitecto, por lo que “no hay motivos para que lo hayan derribado y van a tener que reponerlo, porque vamos a iniciar acciones legales”.

“Acá hubo abuso de autoridad, limitando el derecho constitucional de legítima defensa, no hubo una orden judicial, ni nada para hacer lo que hicieron, es algo nunca visto”, afirmó Montes, y sugirió que detrás de este “hostigamiento” de parte del municipio, hay “intereses particulares”.

Sin embargo, Gorer desechó esa acusación y dijo que, en línea con la política de recuperación de los espacios verdes que lleva adelante el municipio, se pidió la transferencia del lote a la Provincia.