La polémica por la ley minera de Selsa Hernández continúa

El gobernador rechazó ser él quien llame a extraordinaria y dejó esa responsabilidad en los diputados. Un grupo de concejales del PJ expresó su malestar por la demora en la sanción, en tanto que uno de los legisladores que votó negativamente explicó sus razones en las “ambigüedades” que marca el proyecto.
Ayer, y en el marco de la conferencia de prensa que realizó el gobernador de la provincia junto a la ministro de Gobierno por la llegada de las fuerzas federales a Santa Cruz, fue consultado si, en el contexto de escasez de recursos, contemplaba la convocatoria a sesión extraordinaria para volver a analizar el proyecto de ley de la diputada Selsa Hernández que busca gravar las transferencias de dominio de empresas, que son concesionarias de yacimientos mineros en Santa Cruz. Peralta rechazó esa posibilidad, “no, dejo en manos de la Legislatura la necesidad de que prontamente se sesione y se ponga en valor lo que nosotros creemos que debe hacerse con la renta minera, y ese proyecto es una de las herramientas que aborda la renta minera, no todas, es una, y va a ayudar bastante”.

Cabe recordar que fue el presidente del Bloque del PJ, Rubén Contreras, quien adelantó que tanto el vicegobernador Fernando Cotillo, como luego en charlas con Mauricio Gómez Bull, la posibilidad de una extraordinaria era factible y se habló como fecha probable la última semana de este mes de julio.

Ayer, se conocieron declaraciones del diputado de Las Heras, Darío Galván, quien adelantó que se someterá al debate con sus vecinos para explicar las razones que lo llevaron a votar negativamente el tratamiento sobre tablas de dicho proyecto en la última sesión. Dijo que era necesario un estudio más profundo y modificaciones para luego sí aprobarlo.

Varios de los diputados que no acordaron el tratamiento el jueves 5 de julio aseguraron que la norma tiene “imprecisiones” que pueden llevar a que sea cuestionada jurídicamente por las empresas a la hora de querer ser aplicada por el Estado provincial, por lo que aseguran que un debate más profundo se hace “imprescindible” para que la sanción de la norma sea “incuestionable”.

Preocupación

Por otra parte, un grupo de concejales justicialistas de diversas localidades de la provincia expresó su malestar “por las últimas medidas adoptadas por algunos diputados provinciales”, al no querer aprobar sobre tablas el despacho de comisión con la ley presentada por Selsa Hernández.

El concejal Pablo Grasso relató que desde el momento que no se aprobó el proyecto de ley, “mis pares de otras localidades de Santa Cruz y yo hemos decidido que, como hombres comprometidos con la sociedad santacruceña, debemos expresar nuestros pensamientos que están impregnados de justicia social y deberes patrióticos para con el pueblo que nos eligió como sus representantes”.

“Por ello, no podemos, ni debemos callarnos, y tenemos la obligación de pronunciar lo que está bien y lo que está mal. Convencidos y de manera inequívoca, queremos decirle a la comunidad que lo resuelto en la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados ha sido vergonzoso y contrario a la doctrina justicialista y contrario a los intereses del pueblo”.

Haciendo memoria, el edil capitalino expresó que en marzo de este año y cuando los diputados provinciales tuvieron que votar la Ley Impositiva y modificación del Código Fiscal no tuvieron reparo en hacerlo, “ni siquiera pensaron en las dificultades que instalaron a comerciantes y empresarios que día a día ponen el hombro para mejorar esta provincia”.

“Estos hombres y mujeres que día a día invierten y apuestan a una provincia productiva se vieron apaleados por esta medida, es más, ni siquiera los consultaron a los efectos de mejorar la ley, hoy, y sin lugar a dudas, la modificación impositiva perjudicó a los diferentes eslabones de comercialización”.

En otro sentido, el edil indicó que los argumentos utilizados por los legisladores provinciales “no están a la altura de las circunstancias, no pueden andar diciendo, ni dudando en qué se va a gastar el dinero o que es inconstitucional”.

Finalmente reclaman la realización de una sesión extraordinaria para ser abordado el proyecto nuevamente. El documento cuenta con la conformidad de concejales de Caleta Olivia, Pico Truncado, Perito Moreno, Los Antiguos, Puerto Deseado, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos, recordando que “todos pertenecemos al proyecto nacional y popular, todos defendemos los intereses de Santa Cruz, todos debemos garantizar sustentabilidad en el tiempo y todos debemos ser responsables y comprometidos con el pueblo que nos votó”.

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