Un proyecto de ordenanza originado en el Departamento Ejecutivo Municipal de Lules, con la firma del intendente César "Kelo" Dip, destinado a aprobar un convenio entre la Municipalidad y una empresa privada para la explotación de áridos en el Río Lules (localidad de La Bolsa), originó fuertes cuestionamientos por parte del concejal Darío Calafiore. "En primer lugar se entrega en concesión un recurso natural a una empresa que no participó en licitación alguna y cuyos antecedentes no fueron puestos a la vista según solicité", apuntó el edil opositor.

Por otro lado, advirtió que "se pretende que aprobemos una concesión retroactiva al mes de abril de 2012 hasta marzo de 2014. Ante esto queda claro que la explotación ya estuvo funcionando sin autorización y sin control alguno", advirtió.

Calafiore dijo que "resulta preocupante también que las supuestas regalías hacia la Municipalidad se refieren a '1 metro cúbico de base estabilizada por cada 7 metros cúbicos de ripio en bruto extraído' o '1 metro cúbico de ripio grillado por cada 5 metros cúbicos de ripio en bruto extraído' o alquiler, a la Municipalidad, de cargador frontal o motoniveladora por cada 36 o 40 metros cúbicos de ripio en bruto extraído, respectivamente. ¿Sí la Municipalidad posee maquinarias y mano de obra por qué no explota ella nuestros áridos para beneficio de nuestra comunidad?", inquirió el Concejal a los miembros de la Comisión que examinó el proyecto y al resto de los ediles, que acompañaron el proyecto en silencio.

Calafiore expresó que "todos conocemos que el accionar de empresas que explotaron el ripio del Río Lules, durante la intendencia de Dip, dejaron los soportes del puente carretero severamente expuesto según lo denunció la prensa. ¿Ahora pasará lo mismo en un lugar que ya sufre inundaciones?", se preguntó.

Finalmente, sostuvo que "también brilló por su ausencia el estudio ambiental que este tipo de obra debe llevar y el intendente Dip no puede desconocer esto, puesto que el fue Secretario de la Comisión que reformó la Constitución Provincial y la que le dio rango constitucional al tema de los estudios de impacto ambiental a las obras".