"La política de Sarkozy es perversa, porque produce exclusión en forma permanente", denunció ayer el eurodiputado Daniel Cohn-Bendit, líder de Europa Ecología.

A 20 meses de las elecciones presidencial de 2011, obsesionado por el derrumbe de su popularidad, Sarkozy aprovechó una serie de episodios de violencia para anunciar, a mediados de julio, un endurecimiento de la represión contra gitanos y romas.

Luego propuso retirar la nacionalidad francesa a "todo extranjero que haya atacado a un representante de la autoridad pública".

Algunas de esas iniciativas serán presentadas como proyectos de ley cuando se reanuden los trabajos del Parlamento, en septiembre.

El objetivo de ese marcado endurecimiento de la política de seguridad responde a su voluntad de recuperar el electorado de extrema derecha que lo ayudó a ganar las elecciones de 2007. "Sarkozy practica un populismo de exclusión para reunir a la derecha dura, la Francia profunda, a costa de las minorías", agregó visiblemente indignado Cohn-Bendit, histórico líder de Mayo del 68.

Desde que el presidente hizo esos anuncios, más de 40 campamentos nómades han sido desmantelados en todo el país, y alrededor de 700 personas fueron repatriadas a Bulgaria y Rumania en vuelos chárteres. Durante el último fin de semana, la policía desalojó a unos 1000 gitanos de 274 caravanas de Anglet, en el Sudoeste. Esas medidas han desatado una ola de denuncias por parte de intelectuales, organizaciones de defensa de derechos humanos, medios extranjeros e incluso las Naciones Unidas.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que esta semana analizó en Ginebra la situación en Francia, concluyó que en el país había un "notable recrudecimiento del racismo y la xenofobia".

Las organizaciones de derechos humanos afirman que la propuesta de despojar de la nacionalidad a los franceses de origen extranjero es inconstitucional. "Crear franceses de distintas categorías es inimaginable", declaró el Consejo de Asociaciones Negras de Francia (CRAN).

"¿A partir de qué generación se deja de ser francés de origen extranjero?", ironizó el alcalde de Dijon, el socialista François Rebsamen. Un video consultado 480.000 veces en el sitio Dailymotion alimentó la polémica sobre los "excesos" en esa "guerra nacional" contra la inseguridad.

Esas imágenes muestran una enérgica intervención de las fuerzas de seguridad el 21 de julio para expulsar a unos 150 squatters que pretendían ocupar un edificio en la localidad de la Courneuve, uno de los barrios más sensibles de la periferia de París.

En otro de esos operativos de la periferia de París, las fuerzas del orden separaron a las familias: los hombres por un lado, las mujeres y los niños por otro. Las imágenes resultaron insoportables para muchos franceses que las compararon con las razias durante la Segunda Guerra Mundial. "Esta política de desmantelamiento de campamentos ilegales se está volviendo simplemente abyecta", advirtió el diputado de la oficialista UMP Jean-Pierre Grand.

Por su parte, el prestigioso constitucionalista Guy Carcassonne indicó: "La nacionalidad es una parte integrante de nuestra identidad. Despojar a alguien de la nacionalidad equivale a una amputación".

El apoyo de los franceses

Los franceses, por el momento, parecen estar de acuerdo con el gobierno. Según una encuesta publicada por el diario conservador Le Figaro , 79% de los entrevistados se declara a favor del desmantelamiento de campamentos romas. El porcentaje se dispara a 94% entre el electorado de derecha. Más del 70% se declara favorable al retiro de la nacionalidad para cierto tipo de criminales.

La líder socialista Martine Aubry y otros dirigentes de su partido denunciaron la "deriva antirrepublicana" de Sarkozy. Los responsables del Frente Nacional están persuadidos de que el discurso de Sarkozy los legitima cada vez más y que, a largo plazo, serán los principales beneficiarios de la ofensiva presidencial.

Afectado por el escándalo político-fiscal de la rica heredera del imperio L´Oréal, Lilliane Bettencourt, que salpicó al ministro de Trabajo, Eric Woerth, el gobierno atraviesa una fase crítica. Sarkozy sólo cuenta con el respaldo del 30% de los franceses, que constituye el nivel más bajo para un presidente de la Quinta República, fundada por el general Charles de Gaulle en 1958.