El día clave se trasladó para la semana que viene. El Jury de Enjuiciamiento pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de agosto a las 10 para decidir el destino del fiscal de Estado, Joaquín de Rosas. La postergación fue pedida por los miembros de la Suprema Corte de Justicia para poder estudiar antecedentes vinculados a las denuncias contra el fiscal, pero que no han sido tenidas en cuenta hasta ahora.

Los antecedentes que se requieren están todos vinculados a una de las denuncias que pesan contra De Rosas: la expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo. Lo que pidieron los magistrados son todos los juicios de expropiación y algunas compulsas penales derivadas de ese proceso en el que el funcionario habría beneficiado al grupo Vila-Manzano.

El 4 de abril pasado, los diputados Patricia Gutiérrez, Daniel Dimartino, Roberto Infante y Alejandro Limas y los senadores Gustavo Valls y Gustavo Cairo, presentaron una denuncia que constaba de cuatro casos contra el fiscal de Estado ante el Jury de Enjuiciamiento.

Dos de ellos son por no reclamar en la Justicia federal por el cobro de regalías petrolíferas liquidadas a precio menor al internacional del barril y por la retención del 15% que aplica la Nación a la masa coparticipable para financiar la Anses desde 2010.

Las otras dos se refieren a la renegociación del contrato de tragamonedas con una empresa vinculada el grupo Vila-Manzano y la actuación del fiscal en la expropiación de tierras para la creación de Divisadero Largo.

Tal como adelantó Los Andes en su edición del domingo, el descargo por escrito presentado por el propio fiscal en su defensa, en casi todos los casos tiene sustento y abundantes referencias bibliográficas y jurisprudenciales. Pero el casi no es el todo y hay un punto en el que los argumentos que esgrime el fiscal se vuelven escasos y con poca fortaleza conceptual, así como escasas citas que avalen la postura. Se trata de Divisadero Largo.

A ese punto apuntaron las solicitudes de los magistrados. Lo que se requirió son actuaciones judiciales vinculadas a este tema, "necesarios para formar opinión respecto de la resolución a tomar", tal como reza el acta de la reunión.

Así es que los 20 miembros por unanimidad (se ausentó el senador amstutcista Néstor Márquez) decidieron postergar la decisión una semana más.

¿Qué están pidiendo los magistrados?

El caso por el que está acusado el fiscal de Estado tiene dos partes: por un lado, la actuación de De Rosas en los juicios de expropiación de tierras para crear la reserva Divisadero Largo; por el otro, el canje de deudas entre lo que debía cobrar el grupo Vila-Manzano por esas tierras en el pedemonte y lo que debía pagar ese mismo grupo empresario por dos créditos tomados en el viejo Banco de Mendoza, cuya acreencia estaba en manos del Ente de Fondos Residuales.

Para crear Divisadero Largo hubo que expropiar a seis propietarios: Alberto Thomé S.A. y Carlos Roberto Thomé; Zuking SACI; Agar Cross Ltda; Dumit Víctor; Dalvian S.A. y Daniel Vila. Estas seis expropiaciones requirieron seis juicios en la Justicia Civil. Hay fallos definitivos en los casos de Vila, Dalvian y Tohmé. El resto está en la Suprema Corte aún. Los magistrados han pedido todos estos expedientes.

Además, en la expropiación de Tohmé, la sala 1 de la Suprema Corte mendocina ordenó una compulsa penal por la actuación del fiscal de Estado en este juicio, en comparación con lo hecho en las causas de Vila y Dalvian. Esta compulsa también quieren verla antes de tomar decisión.

Además, hay dos causas penales en la Fiscalía de Delitos Complejos de Claudia Ríos. En realidad había dos causas, ya que una de ellas fue archivada por Ríos. La que está en archivo se refiere al remanente de dinero que quedó luego de la compensación de deudas. Por el juicio de expropiación la provincia debía pagar al grupo Vila-Manzano 3.558.342,74 pesos. Y por la deuda bancaria, los empresarios debían pagar al Estado 1.563.100,43.

De la compensación, sobraron a favor de Vila-Manzano 1,9 millón de pesos que los empresarios donaron a la Provincia. Pero esos casi dos millones de pesos nunca ingresaron a las arcas públicas, puesto que se usaron para que los abogados intervinientes cobraran honorarios. Un ex representante legal de Dalvian, Alberto Ortubia, denuncia que entre esos letrados también habría cobrado De Rosas.

La otra compulsa penal que pidieron los magistrados se refiere al supuesto enriquecimiento ilícito en el que habría incurrido el fiscal y que se demostraría por una propiedad de 800 metros cuadrados en Dalvian, a nombre de Viviana Noemí Quiroga. El denunciante es también Ortubia, quien dice que Quiroga es nutricionista, sin relación de dependencia y que compró esa propiedad en 65.640 dólares. De este caso este diario informó ampliamente en su edición del 4 de julio pasado.