La Comisión de Vecinos Solidarios (Co.Ve.Sol.) del barrio Juan XXIII solicitó información al municipio sobre una obra que se realiza en un espacio público de ese vecindario. El predio en cuestión está delimitado por las calles San Antonio, Lugones, Santa María y González. Según se establece en un convenio firmado el 25 de septiembre de 2008 entre la intendenta Graciela Rosso y el presidente de Co.Ve.Sol., Norberto Gil, el espacio público se encuentra bajo el “padrinazgo” de la organización vecinal.

En términos prácticos, ese encuadre legal obliga a la entidad a “cuidar, embellecer y mantener el sector”, y las tareas a realizar “estarán sujetas a la aprobación municipal previa”. A su vez, el convenio prohíbe utilizar el terreno con fines de lucro, y efectuar construcciones.

“Queda vedada la instalación de carteles publicitarios, a excepción de la entidad patrocinante, cuyas características y dimensiones serán determinadas por el municipio. La duración del padrinazgo se establece en cinco años a partir de la firma del presente, pudiendo ser renovado de común acuerdo en función del cumplimiento de los objetivos planteados”, detalla el convenio rubricado en 2008.

En los primeros días de julio, sin embargo, el presidente de Co.Ve.Sol dirigió dos notas a funcionarios municipales con el fin de solicitar información sobre las características de los trabajos que comenzó a realizar el municipio en el terreno, sin efectuar ningún tipo de consulta a la entidad.

La primera misiva fue dirigida al director de Organización y Capacitación, Sebastián Otero. Días después, el pedido llegó al secretario de Obras Públicas, Antonio Bussolini. Ante la falta de respuestas, el lunes de esta semana, Gil escribió una nota a Rosso donde manifestaba la intención de la organización de “rescindir el convenio de padrinazgo de espacios verdes”.

“La razón que nos lleva a tomar esta determinación es que se está realizando una construcción en el lugar, sin que se nos informara y con el desconocimiento del área de Obras Públicas, y contraviniendo lo establecido en el artículo 3 del convenio, el cual deja asentado expresamente que en el predio no podrán realizarse construcciones ni utilizarse directa o indirectamente con fines de lucro. Por esta razón es que desistimos de continuar con el padrinazgo de este espacio verde y evitar así responsabilidad futura”.

En diálogo con este medio, Gil aclaró que la entidad no se opone a la realización de obras que ayuden a mejorar la realidad del barrio, pero marcó que deben respetarse los pasos legales.