QUITO.- En un nuevo capítulo de la ofensiva del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, contra la prensa, la Asamblea Nacional aplazó ayer la votación de un controvertido proyecto de ley de comunicación, impulsado por el oficialismo, que es rechazado por los medios privados y la oposición.

La propuesta, presentada la semana pasada por el asambleísta del oficialista Alianza País (AP) Mauro Andino, establece una nueva repartición de frecuencias que reduciría sustancialmente el espacio del sector privado y exige a los medios asumir "las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos humanos y la seguridad pública del Estado".

Además, establece que la interpretación de tales categorías recaiga sobre un nuevo organismo, el Consejo de Regulación. Los grupos opositores al gobierno y periodistas consideran que el proyecto atenta contra la libertad de expresión y lo consideran una "ley mordaza".

El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, suspendió la sesión de ayer por tiempo indefinido después de que el Legislativo aprobara que ese proceso se realice artículo por artículo. Ahora, el objetivo es que AP mantenga reuniones con las diferentes bancadas para que se logre un consenso en algunos de los 127 artículos del proyecto y se sometan a votación independiente aquellos en los que hay discordia.

AP, que tiene el bloque mayoritario, necesita 63 votos de los 124 de la Asamblea para que se apruebe el texto. Pero el oficialismo y sus aliados tienen 53 asambleístas, por lo que necesitan sumar otros 10.

La oposición, integrada por partidos de izquierda -como Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático- y de derecha, anticipó su rechazo al texto.

El pleno se inició con la intervención de Andino, que defendió el carácter "democrático" del proyecto. Recibió aplausos del oficialismo y fuertes críticas de la oposición, lo que obligó a Cordero a interrumpir varias veces la sesión.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley es la creación del ente regulador que controle la emisión de contenidos discriminatorios, racistas, violentos y sexuales. Desde el gobierno, que mantiene una larga ofensiva contra los medios privados, argumentan que este Consejo de Regulación servirá para mejorar la calidad de la información.

En tanto, el proyecto plantea que 34% de las frecuencias sean concedidas a medios comunitarios, 33% a públicos y 33% a negocios privados con fines de lucro. En la actualidad, el sector privado controla el 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.

"[La norma] pondrá en grave riesgo la vigencia de la libertad de prensa y expresión", indicó en su editorial de ayer el diario El Comercio, mientras que Expreso tituló en su portada: "Libertad de expresión, ¿sí o no?".

En 2008, Ecuador aprobó una nueva Constitución que obligaba a que en un año se realizara una nueva ley de comunicación, pero a raíz de las discrepancias en la Asamblea Correa decidió incluir ese punto en un referéndum, que se realizó en mayo del año pasado y en el que los ecuatorianos dieron luz verde para que se creara el ente regulador.

En febrero pasado, en un fallo sin precedente que fortaleció la ofensiva de Correa contra los medios independientes, la Corte Nacional de Justicia había condenado a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares a tres directivos y un ex editor del diario El Universo, en una demanda por injurias presentada por el presidente. Luego, bajo fuerte presión internacional, Correa pidió la anulación de la condena.