Si usted está por vender su cosecha, espere hasta el 25 de agosto. Esa es la recomendación que realizaron especialistas consultados por lanacion.com . Es que según explicaron, si el Congreso no se expide acerca de las retenciones antes del 24 de agosto próximo, día en que vencen las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, los gravámenes a las exportaciones vuelven a cero.

Los políticos sostienen lo contrario y aseguran que las retenciones se mantendrán hasta que el Parlamento fije los nuevos montos.

Si el Congreso no las prorroga, algo que la oposición descuenta, ese día caducarán todas las facultades que el Poder Legislativo delegó en el Ejecutivo antes de 1994. Entre ellas se encuentra la de fijar derechos de importación ?retenciones- y exportación al agro, contenidos en el artículo 755 del Código Aduanero. Si las retenciones fueran a cero, se estima que el fisco podría perder unos US$ 9000 millones, que es la recaudación aproximada por las retenciones a los granos y a los hidrocarburos.

"Si el Congreso no resuelve lo contrario, el 24 de agosto próximo, las retenciones vuelven a cero", dijo el constitucionalista Daniel Sabsay a lanacion.com.

Es que en la última reforma constitucional, en su artículo 76, se prohibió al Congreso delegar facultades en el Ejecutivo, salvo en casos de emergencia, con un plazo fijo y sobre temas preestablecidos. En la cláusula transitoria octava, se estableció también que la legislación que se hubiera delegado desde 1853 hasta esa fecha caducaría en cinco años, salvo que los legisladores la ratifiquen. Por eso, desde 1999 (ley 25.148) diputados y senadores vienen renovando al Ejecutivo las facultades transferidas: lo hicieron también en 2002 (ley 25.645), en 2004 (ley 25.918), en 2006 (ley 26.135) y en 2009, que es la prórroga que vence este año.

"La facultades delegadas se caen porque no tienen plazo, se trata de materia prohibida, no tienen base para el ejercicio y son una subdelegación. La única manera de evitarlo es si el Congreso logra una norma que la reemplace antes del 24. Si eso no sucediera, por ejemplo, si un productor se sintiera afectado podría cuestionarlo en la Justicia. Mientras tanto, salvo que se dictara una medida de no innovar, se seguirían pagando las retenciones", explicó Sabsay.

En sintonía, el jurista José Onaindia aseguró que "debe haber un acto expreso, sino caen las facultades". Según manifestó, en caso de no acordar una norma que la sustituya, los legisladores deberían sancionar una prorroga "expresa".

Distinta es la visión de Félix Loñ: "Las retenciones son un capítulo aparte. Va separada de la discusión de las facultades delegadas. Hasta tanto el Congreso no modifique el artículo 755 del Código Aduanero, se mantiene todo como hasta ahora".

El letrado agregó que "es necesario suprimirlo porque establece una delegación al Poder Ejecutivo sin límite temporal".

Rechazo unánime. Desde la política, oficialistas y opositores, desestiman la posibilidad de que las retenciones vayan a cero. Julián Obiglio, diputado nacional de Pro, sostuvo que una vez que se venza el plazo, el Poder Ejecutivo mantiene los gravámenes.

"Lo de Sabsay es un disparate. La normativa vigente se mantiene hasta que el Poder Legislativo dicte una nueva norma", dijo Obiglio, que se mostró confiado en que podría haber un acuerdo anterior entre las distintas fuerzas políticas.

El diputado por proyecto Sur Claudio Lozano también lo aseveró: "Me parece que no. Si sucediera eso, se caería el andamiaje político. Lo que corresponde es ir caso por caso. El Ejecutivo debería decir qué leyes necesita para gobernar a los efectos de la gestión".

Y sentenció: "Se mantiene todo. Nuestra fuerza no está de acuerdo en reducir las retenciones salvo para el trigo".

Desde el oficialismo también cuestionaron la posibilidad de que las retenciones pasen a cero. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que lo que caduca "es la facultad del Poder Ejecutivo de fijar retenciones agropecuarias", pero aclaró que "eso no implica que ese día caen las retenciones".

"Los efectos jurídicos de las decisiones tomadas por las facultades delegadas no caducan", precisó el funcionario y pidió "responsabilidad" a la oposición. Además, adelantó que el gobierno "está analizando" la posición que va a adoptar en relación al vencimiento de las facultades delegadas y su discusión parlamentaria.

"Para nosotros es un tema que es necesario porque faculta al Poder Ejecutivo a la toma de algunas decisiones, pero se va a evaluar (si se impulsa o no un proyecto de prórroga)", dijo Randazzo, en declaraciones radiales.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, también suscribió: "El vencimiento del plazo de la ley no afecta las relaciones jurídicas nacidas en consecuencia". Y agregó: "Maquillan de legalidad constitucional un intento de desfinanciación salvaje del fisco, a la par que claman por el inmediato pago de insostenibles jubilaciones luxemburguesas [en referencia a la intención de la oposición de aprobar el 82% móvil]".