El convenio fue mal recibido por la oposición radical, a la que se sumó también el “dasnevismo”, al entender que se renuncia mediante tal acto a un reclamo que podría representar cerca de 5.000 millones de pesos para las arcas provinciales, a cambio de una reducción de la deuda que mantiene Chubut. "Por algo que ni siquiera es una condonación", según Jerónimo García.

De acuerdo al texto, la Provincia mantiene una deuda con el Gobierno nacional por $631.283.837, cifra actualizadas al 31 de diciembre de 2011. El convenio de desendeudamiento implica una retención sobre los recursos provenientes de la coparticipación federal en 203 cuotas mensuales equivalentes al 0,49% del capital y con intereses del 6% nominal anual. Esto es así en función de que Nación baja el interés de la deuda a una pauta del 6% anual y elimina el SER, aunque en tal marco las provincias firmantes del convenio se comprometen a no tener litigios con Nación.

En línea paralela, Chubut tenía iniciadas cinco causas contra el Estado nacional "por diferencias en la liquidación de regalías, y por créditos y débitos bancarios- que encauzaban demandas por 1.000 millones de dólares. La provincia decidió desistir de estos en función de que una de las causas más abultadas tiene hoy dictamen desfavorable de la Procuración General del Tesoro de la Nación, mientras que no hay ninguna provincia en el país que habiendo iniciado demandas similares por regalías haya obtenido sentencia favorable, por lo que se entiende que el reclamo es "hipotético".

El eje de la cuestión es que la anterior administración provincial - con los abogados Jorge Miquelarena y Diego Carmona en la Fiscalía de Estado- había suscripto un acuerdo con los abogados administrativistas de un estudio de Capital Federal, Halperin y Hutchinson, que determinaba que no percibirían honorarios en caso de un fallo adverso, y se fijaba un porcentaje de participación en las ganancias en caso de fallo favorable.

HONORARIOS MILLONARIOS

El acuerdo no previó sin embargo las formas anormales de terminación del proceso, por lo que quedó sin contemplación cuáles serían los honorarios por lo efectivamente trabajado en el caso de que el juicio concluyera, por ejemplo, con el desistimiento. Por ello, los abogados patrocinantes de la provincia reclaman honorarios sobre el monto total de la demanda, que podrían rayar los 250 millones de pesos, si se tiene que las cuotas litis se fijan habitualmente entre el 5% y el 20% del total demandado.

Como se indicó, el acuerdo de desendeudamiento implica no mantener causas con Nación, aunque para algunos legisladores provinciales no determina el renunciamiento a las causas en marcha sino arribar a su solución, y así quedó expuesto el martes en la Legislatura, donde el bloque radical presentó un pedido de informes que fue avalado también por el Modelo Chubut.

En tal contexto, Roberto Risso (UCR) expresó su "sorpresa" por la firma del acuerdo complementario (el desistimiento). "Nos llama poderosamente la atención que el gobernador de la provincia reconozca una deuda y luego firma un complemento por el que se exige que se desiste de cinco juicios”, planteó en el recinto cuestionando que “estamos hablando del patrimonio provincial y no puede desistir de semejante posibilidad sin la autorización de esta Cámara, además de estar vinculado con una cuestión de honorarios que se miden en cientos de millones de dólares".

El pedido de informes legislativo procura la remisión del convenio firmado por la Fiscalía de Estado con los abogados David Halperín y Tomás Hutchinson en 2004 y 2008 (ampliación) y del contrato con la contadora Elsa Frattari, detallando a qué juicios se aplica el convenio firmado entre la Provincia del Chubut y el Gobierno nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.