Gerbaudo Una polémica se instaló en el Concejo Municipal por un proyecto vinculado a una cesión de terrenos que se encuentran en el barrio Belgrano. Pero el tema no viene desde hace algunos meses ni siquiera, algunos años. La historia en la que vamos a centrarnos aquí comienza en el año 1973. Lo cierto es que el Municipio pudo haber tenido un lugar para una plaza y ahora se quedará con tan solo dos lotes.

En el año 1973, Rafaela era sumamente diferente. Y la zona del ahora barrio Belgrano estaba despoblada. Y en ese momento, la señora Alicia Santisteban de Otrino le cedió el terreno a la Municipalidad con destino a la plaza pública. Se trata del terreno que aún se encuentra como baldío, sobre calle La Plata, entre Florencio Sánchez y Aconcagua. Quizás sea más conocido como un estacionamiento de camiones, dado que allí siempre hay algún vehículo de este tipo.

De acuerdo al expediente que en la actualidad tienen en su poder los concejales, "las oficinas técnicas de catastro y planeamiento en su oportunidad manifestaron que los terrenos donados por la propietaria para espacios verdes y apertura de calle, superaron el porcentaje requerido legalmente, entendiendo que el espacio verde descripto no resultaría de interés urbano". A la distancia, vemos cuán equivocada estuvo esta apreciación. Como consecuencia, nunca inscribieron bajo propiedad del Municipio ese terreno.

Lo cierto es que, a partir del año 1981, Alicia Otrino, única heredera de la donante, comenzó a reclamar que el terreno regresara bajo su poder. Tal cual como lo expresa la propia ordenanza que están estudiando los concejales, "en el año 1992, se informa desde Fiscalía Municipal la situación jurídica del inmueble detallado que si bien en el plano de subdivisión obra la afectación para plaza pública, la Municipalidad no aceptó la donación (...). Sumado a esto existe una voluntad manifiesta de parte de los propietarios de no seguir adelante con el acto jurídico, prerrogativa jurídica que tienen para revocar cualquier donación antes de que se produzca la aceptación".

Sin embargo, esto no se concreta, quedando el bien en una especie de "limbo legal". Y el propio Estado local lo reconoce cuando dice que "el accionar de la administración durante todos esos años (1973-1992) se caracterizó por comportamientos contradictorios, por un lado -sustentado en la postura que el dominio le pertenecía a la Municipalidad- no emitía boletas de Tasa General de Inmuebles, y por otra vía, liquidaba las obras por contribución por mejoras, sancionaba con multas la existencia de malezas y accionaba judicialmente por estos tributos".

En tal sentido, "en el transcurso del año 2010 y ante un requerimiento de la Dirección de Topografía de la Provincia sobre la afectación del inmueble, la Fiscalía con la finalidad de ordenar el trámite administrativo, acorde a las actuaciones que se desarrollaban -demanda judicial por tributos impagos- informa el estado del mismo, expresando que la administración municipal nunca requirió la afectación del inmueble, que no existe acto administrativo que haya otorgado estatus jurídico de dominio público y que esta no ejerció ni ejerce actos posesorios sobre dicho predio". Es decir, nunca se hizo cargo del terreno. Por lo tanto, debería cobrar por las obras hechas en el lugar, así como también por la tasa no pagada. Si bien había un juicio, este estaba siendo apelado, dado que la dueña de los terrenos entiende que las deudas habían prescripto "como consecuencia de la imposibilidad material de disponer del inmueble", dice la ordenanza.

Para dar fin a esta larga disputa, la propietaria manifestó su intención de lotear el terreno. Para ello, necesita saldar las deudas con el Municipio. Es que, con tal fin, propuso entregar al Municipio los lotes 10 y 11 del anteproyecto de subdivisión del terreno, más $ 50.000. Según la información que posee el Concejo Municipal, los dos terrenos son de 11,20m x 30m de fondo, sobre calle F. Sánchez. El valor de los terrenos más el efectivo no sólo alcanza para pagar las deudas (de acuerdo a los cálculos oficiales), dado que las mismas ascienden a $ 230.000 (sin recalcular las deudas desde el 2010); sino que quedarían a favor del Estado $ 90.000.

Según la ordenanza que se seguirá analizando esta semana, la Municipalidad evalúa que en esos terrenos podrá "desarrollar distintos emprendimientos para el barrio en el cual no se cuenta con inmuebles de estas características". Allí podrán realizarse o proyectos como "la descentralización de la administración, la construcción de un centro cívico social o la comercialización de los mismos en el mercado inmobiliario local avalando la innovadora política habitacional que se está llevando a cabo desde el Municipio".

Además, el estado local entiende que "el loteo proyectado sobre la manzana en cuestión a su vez provocaría un cambio significativo en la fisonomía del lugar, ya que en la actualidad se encuentra ocupado por camiones que a su vez dificultan la limpieza adecuada del mismo, sumado a las constantes molestias que sufren los vecinos por ruidos que provocan los vehículos allí estacionados. Teniendo en cuenta la cotización de los lotes más la suma ofrecida, el presente acuerdo resulta favorable económicamente viable para el municipio y por lo anteriormente descripto el DEM considera conveniente la celebración del acuerdo transaccional".

LAS DUDAS DEL CONCEJO

En el Concejo Municipal, los ediles no quedaron conformes. Es que luego de haberse explicado el proyecto, quedaron con muchas dudas: ¿Por qué no se aceptó en su momento la donación? ¿Quién fue el responsable de las contradictorias formas en que el propio Estado local se manejó, queriendo cobrar obras, pero no emitiendo la tasa? ¿Por qué nunca se le cobró sobretasa por terreno baldío?

Ante esta situación, los concejales prefirieron tener conocimientos de más detalles en el aspecto legal antes de aprobarlo. Es por ello que organizarán una reunión con personal de Fiscalía -y posiblemente, Hacienda- para que expliquen cómo se llevó adelante esta negociación.