El legislador radical Jorge Monge envió un proyecto para desterrar toda práctica sectaria que tienda a la propaganda partidaria. Afirmó que el texto propuesto veda las actividades proselitistas.

En un comunicado enviado a la redacción de INFORME DIGITAL, expresaron que mediante una iniciativa de ley ingresada en la Cámara baja entrerriana se pretende introducir un nuevo artículo en la Ley Provincial de Educación a los fines de "desterrar toda práctica sectaria que tienda al adoctrinamiento, a la propaganda o publicidad partidaria -sea directa o indirecta -, al culto a personas - lo que horada los principios republicanos - y a la difusión de opiniones de sectores elevados a la categoría verdad".

Cabe recordar que este proyecto surge luego de las visitas de integrantes de La Cámpora han realizado a distintos establecimientos educativos nacionales, la cual fue defendida por la Presidenta Cristina Fernández y criticada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.

En la misma línea, la misiva afirma que “el respeto a la diversidad y pluralidad, a la libertad ajena que incluye la posibilidad de cada uno de construir su opinión sin imposiciones ni informaciones tendenciosas es incompatible con el 'relato único', mucho más cuando estamos en presencia de seres humanos que por su condición etaria no cuentan con la madurez y capacidad mínimas que les permita discernir”. Además, agregan que “no podemos entronizar como incontrastable verdad histórica en nuestros niños y adolescentes lo que constituye el pensamiento de una parcialidad por importante que sea, ignorando el aporte trascendente de otras parcialidades políticas en la historia patria”.

En el proyecto que tiene como autor al diputado provincial Jorge Monge (UCR Dpto. Diamante), se critican los argumentos que se han utilizado para justificar lo que denominan "métodos de adoctrinamiento de niños y adolescentes en el seno mismo de las escuelas, esto es la necesidad de formar argentinos comprometidos con un proyecto nacional y popular" pues ello implica una palmaria denostación a los docentes, a las autoridades de los establecimientos y a las propias autoridades educativas de los Estados nacional y provinciales, autoridades que por otra parte - recuerdan- "han estado a cargo del justicialismo durante veintiún (21) años sobre casi veintinueve (29) años desde la recuperación democrática en 1983, tanto en Argentina como en la provincia de Entre Ríos".

En este sentido, el legislador sostuvo que “tales prácticas lesionan normas de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional por la reforma de 1994 (art. 75 inc.22), de la Ley nacional N° 26061, y de la provincial N° 9861 de Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia, cuyo artículo 12° claramente determina que los niños y adolescentes tienen derecho "a la autonomía de valores, ideas o creencias".

Para finalizar, destacan que “el texto propuesto veda las actividades proselitistas, directas o indirectas, en las escuelas y sólo las admite como excepciones limitadas a las campañas electorales generales y únicamente en aquellos establecimientos donde concurran educandos en condiciones de sufragar, garantizando la participación igualitaria de todas las propuestas electorales y previa publicidad a través de la autoridad electoral correspondiente”.