El blooper cometido por la administración que encabeza el intendente Juan Jure de incluir la sede municipal en el listado de posibles propiedades a vender para financiar la construcción del Centro Cívico, generó como era previsible una fuerte polémica en la ciudad y el casi seguro pedido de informes de los bloques legislativos opositores.

Aunque a través de distintas declaraciones públicas el jefe comunal y el funcionario Gonzalo Lozada, coordinador del proyecto del Centro Cívico, adjudicaron todo a un simple error de tipeado, para los representantes de la oposición el caso reviste mayor gravedad.

«No puede ser que la Secretaría de Planificación incluya en un informe oficial con membrete del municipio una lista de posibles bienes a vender, entre los cuales ocupaba el primer lugar el Palacio de Mójica. No creo que se haya tratado de un error. Al menos Lozada anticipó en la reunión con los concejales esta posibilidad concreta», sostuvo en diálogo con LA MAÑANA Víctor Núñez, titular del bloque de concejales de Unión por Córdoba.

La inclusión -errónea o intencional- del Palacio de Mójica en una lista de posibles inmuebles municipales disponibles a la venta, se conoció el lunes por la tarde durante un encuentro entre Gonzalo Lozada y los ediles de los diferentes bloques.

El colaborador de Juan Jure entregó a cada bancada un informe donde figuraba en primer término como opción de venta la sede municipal de Río Cuarto. El listado también incluía al predio donde se encuentra el tanque de agua y las dependencias de la Empresa Municipal de Obras Sanitarias (Emos), el predio del Instituto Municipal de la Vivienda (Mendoza y Buenos Aires), las antiguas dependencias de la Dirección de Tránsito (Sarmiento y Belgrano) y el actual edificio del Centro Municipal de Salud.

«Así como sería un despropósito total vender el Palacio de Mójica, tampoco compartimos la cesión del Centro de Salud. Por eso reclamaremos más información al Ejecutivo», continuó Núñez.

El proyecto del nuevo Centro Cívico Municipal contempla una posible inversión de 10 millones de pesos para construir las nuevas dependencias del Estado local en algún terreno de la Costanera o en las abandonadas instalaciones de la ex planta oleaginosa.