Los cinco imputados en el caso continuarán en prisión preventiva por veinte días y no se descarta que haya más vinculaciones. La Fiscalía argumentó el pedido de prisión preventiva en que de ese modo se evitaría la fuga o que influyan en testigos durante la causa judicial. Investigan en torno a las escuchas telefónicas, a fin de avanzar en la presentación de las pruebas en la causa.

Alarma

El procurador General, Jorge Miquelarena calificó de “grave” al episodio sucedido en el cajero automático de Puerto Pirámides porque involucra tanto a civiles como policía en actividad, “lo que marca la gravedad del hecho”, dijo.

En un análisis reflexivo de la situación, el Procurador General, sostuvo que, “tenemos que separar la paja del trigo porque no toda la fuerza es igual ya que gracias a un grupo honesto de policías pudimos descubrir lo malo que hacía otro grupo de policías”.

En este aspecto, explicó que según la Constitución Provincial, el Ministerio Público Fiscal dirige a la policía judicial y lo que depende de él es el equipo multidisciplinario de investigación, “hay profesionales de distintas disciplinas, algunos están nombrados pero los policías de investigación están adscriptos a la procuración como el caso de Nelson Vásquez que estaba adscripto a la policía judicial que dirige el Comisario Claudio Rojas”.

Explicó que es un defensor de la policía judicial trabajando codo a codo con la justicia y dependiendo exclusivamente del Ministerio Público Fiscal “porque de lo contrario estamos en un limbo donde no es una cosa ni otra ya que la policía judicial está bajo el manejo administrativo de la Jefatura y el investigador policial debería trabajar totalmente bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal”.

Miquelarena coincidió con aquellas voces que plantean que el hecho acontecido se torna aún más grave debido a la presencia de policías de alto rango como protagonistas de los acontecimientos.

Defraudado

Por otra parte el Procurador General, señaló que el comisario Claudio Rojas, quien conduce la Policía Judicial, le habría manifestado su profundo pesar por la participación de un efectivo de su dependencia “Rojas está totalmente defraudado porque ésta persona ingresó adscripta y lo conoce desde toda la vida ya que siempre ha estado relacionado a la investigación, es por eso que se siente responsable y en dos o tres oportunidades me ha dicho que su renuncia está a mi disposición pero me parece una medida extrema porque de igual de defraudado me siento yo, así que veremos…”

En ese marco, Miquelarena señaló que Vásquez ha intervenido en infinidades de investigaciones de gran resonancia como la Mega Causa del Banco Chubut y en el homicidio del empresario “Cacho” Espinosa donde hubieron serias deficiencias, recordando que la Cámara de Puerto Madryn ha sido muy crítica en la instrucción llevada a cabo por el asesinato de Espinosa, “se habló con toda claridad que policías han plantado pruebas y esto nos pone los pelos de punta porque es muy grave”.

Prisión preventiva

El juez Marcelo Orlando dictó 20 días de prisión preventiva para el comisario Juan Manuel Caimi, los suboficiales Pablo D´Horta y Abelardo Vázquez, y los civiles Roberto Pardiñas y Fabián Acuña, quienes continuarán detenidos mientras prosigue la investigación por el intento de robo al cajero de Puerto Pirámides. Los detenidos están acusados de tentativa de robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda.

Los doctores, Daniel Báez y Alex Williams, por el Ministerio Público Fiscal, luego de relatarle a los imputados el hecho que investigan, solicitaron la prisión preventiva basando sus argumentos en que los imputados deben permanecer detenidos mientras prosigue la investigación para evitar que se puedan fugar o influir en testigos durante la causa judicial.

Como en todo caso, rige el principio de inocencia, por lo que la prisión preventiva es una medida que se dicta para cautelar el proceso penal, evitando que los imputados se puedan fugar o entorpecer la investigación, antes de llegar al juicio oral y público.

El delito que se les imputa inicialmente a los presuntos integrantes de la banda que iba a robar el cajero automático de Puerto Pirámides es tentativa de robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda agravado para los policías por ser miembros de una fuerza de seguridad y, excepto para Caimi, el concurso de los delitos de interrupción intencional del suministro de energía eléctrica y de telefonía celular en Puerto Pirámides.

La Fiscalía pidió seis meses para proceder a la investigación. Los funcionarios argumentaron que cuatro de los imputados fueron detenidos en flagrancia y que también se daban los peligros de fuga, por las características del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento, así como el peligro de que puedan entorpecer la investigación influyendo sobre testigos. Son traídos a proceso tres funcionarios de la policía que conformaban una banda de 5 personas que organizaron y pusieron en desarrollo una multiplicidad de actos para desapoderar al banco del Chubut de una suma de dinero. Además, desarrollaron actos conexos, pensados, para cometer el ilícito y poder lograr un escape seguro, como es dejar a la población sin luz y cortar las vías de comunicación telefónica, afirmaron desde la Fiscalía.

También indicaron que la pena prevista es necesariamente de efectivo cumplimiento y existen medidas pendientes de investigación, como la transcripción de las escuchas telefónicas realizadas por orden judicial.

La Defensa

Los defensores se basaron en distintos planteos para solicitar al juez la libertad de sus patrocinados durante la investigación judicial. El abogado defensor Oscar Romero solicitó la libertad de su defendido argumentando que el acta policial de la detención es nula. Afirmó que a Oscar Pardiñas lo detuvieron dentro de su domicilio sin orden judicial y por eso la detención fue ilegal. Este argumento fue replicado por la Fiscalía y posteriormente también rechazado por el juez, ya que el acta policial está firmada por dos vecinos de Puerto Pirámides, quienes oficiaron de testigos de actuación sobre la detención. Subsidiariamente Romero también se opuso a la apertura de investigación y solicitó la libertad por no existir elementos para que permanezca en prisión preventiva, planteos que también fueron rechazados por el juez Orlando.

Por su parte, en una extensa alocución, Fabián Gabalachis, defensor particular de Juan Manuel Caimi, no se opuso al plazo de investigación solicitado por la Fiscalía pero si rechazó el pedido de prisión preventiva para su patrocinado. En tal sentido, Gabalachis argumentó porque no se daban ninguno de los extremos legales, como son el peligro de fuga y entorpecimiento, para dictar la prisión preventiva. Seguidamente, la defensora pública Angélica Leyba también solicitó la libertad de su patrocinado Abelardo Vázquez durante la etapa de investigación. Leyba, con distintos planteos, también cuestionó la medida solicitada por los fiscales.

Más breve y haciendo suyos los planteos relatados por los defensores que los precedieron, los abogados Martin Saavedra, por Acuña, y Félix Alberdi por D´Horta, también estuvieron en desacuerdo con la continuidad de la prisión preventiva.

Resolución

El juez Marcelo Orlando dio lectura de su resolución donde dicta la continuidad de la prisión preventiva por el plazo de 20 días. Informó que una vez cumplido el plazo, la medida deberá ser revisada conforme la prueba que hayan obtenido los fiscales en dicho periodo de tiempo. En tal sentido, uno de los elementos centrales serían las escuchas telefónicas que existen en la causa y que se formalizarían recién en la próxima semana tal cual lo informado durante la audiencia.

Orlando, para hacer lugar parcialmente a lo solicitado por la Fiscalía, argumentó que la detención fue en flagrancia y se daban los requisitos previstos por la ley para dictar la prisión preventiva. También dijo que los elementos de prueba iniciales, como son las testimoniales, las intervenciones telefónicas, los distintos elementos hallados en el lugar, el corte de luz y de las comunicaciones, son todo elementos probatorios para esta etapa del proceso permiten sostener la probabilidad de autoría. Finalmente, mencionó el agravante vinculado a la calificación legal para los policías y dijo que la pena respecto al hecho que se le imputa podría ser de cumplimiento efectivo.

Claudio Rojas puso a disposición su renuncia

El comisario retirado Claudio Rojas, responsable de la policía judicial, inmediatamente después de conocer los hechos que se investiga, dijo que puso la renuncia a disposición del Procurador General y lamentó lo sucedido con uno de los hombres de mayor confianza como Nelson Vásquez, “ha trabajado conmigo muy bien en sus funciones por esto nos ha sorprendido y nadie puede creer en lo que hizo, esto excede el marco de lo institucional y estamos todos muy desilusionados y frustrados”.

El funcionario explicó que hay que hacer los replanteos para la selección del personal y dijo que Vásquez estaba dedicado a múltiples tareas especialmente la de investigaciones, “ahora vamos a tener que investigar lo que él investigaba, si bien en este ultimo tiempo no hizo tareas de gran importancia, esa será una decisión de la procuración y ese análisis se hará desde otro ámbitos que a mi no me corresponde”.

Rojas no duda que habrá que tomar precaución y si es necesario distancia para analizar algunas cuestiones, “me siento mal porque a ese hombre le ofrecí mi confianza y es por eso que la renuncia está a disposición del Procurador General si es necesario que de a un paso al costado”.

Expresó que gracias a un policía que alertó a sus compañeros se pudo desbaratar la banda, “nosotros estábamos al tanto que esto podía suceder” y destacó el trabajo de la policía deteniendo a otros policías, “y ahora esperamos el trabajo de la justicia”.