El operativo se inició en la noche del martes tras una orden judicial, y según militantes de organizaciones sociales que acompañaron a los pobladores ancestrales, la policía llegó a la localidad tucumana de Riarte en patrulleros, motos y a caballo.

El desalojo fue dispuesto tras un reclamo efectuado por dos empresarios de la zona sobre un predio de 19 mil hectáreas de extensión.

Durante las últimas semanas los miembros de la comunidad Indio Colalao establecieron una vigilia a la espera de una determinación judicial que ordenara su desalojo, tras ser acusados del delito de "usurpación".

Además del reclamo de posesión de tierras, los pobladores originarios pidieron la reapertura de una escuela de la zona, cerrada en 2003, para que los niños de la comunidad pudieran asistir.

En un comunicado, los habitantes recordaron que la ministra de Educación tucumana, Silvia Rokjes de Temkin, se había comprometido a que el establecimiento volviera a funcionar, porque mientras tanto los niños concurrían a colegios situados en Salta debido a la proximidad.

Los pobladores de Indio Colalao aseveraron que dos empresarios, a los que identificaron como Fredy Moreno Nuñez Vela y Jorge Posse, "intentaron apropiarse" del territorio comunitario con el objetivo de "extender la frontera sojera".

Días antes del desalojo, indicaron, llegaron a Riarte funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Tucumán "para recibir los testimonios sobre la situación de opresión" de los habitantes originarios.

A fines de 2010, la comunidad Indio Colalao denunció que sus integrantes eran víctimas de una "persecución", y en medio de esa situación advirtió que uno de sus delegados, Benito Toledo, padeció un robo en su vivienda.

"Es una total prueba de colonización en pleno siglo XXI", señalaron en su momento.