La paciencia del sector policial ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo tucumano ante sus reclamos salariales parece que llegó a su fin y todo indica que, en caso de no concretarse una propuesta que satisfaga las pretensiones del sector, la administración de José Alperovich podría enfrentar un nuevo conflicto en la Fuerza.

Es que, de acuerdo a lo indicado por el Comisario (r) Héctor González (integrante de la Comisión negociadora), en una reunión llevada a cabo el lunes último en la ciudad de Concepción, de la que participaron 200 agentes de la repartición e Institutos Penales, se decidió emplazar hasta hoy a las 19.00 al Gobierno para que eleve una oferta monetaria que no baje del 34 por ciento de incremento.

Caso contrario, efectivos (retirados y en actividad) junto a sus familiares se apostarán de forma "pacífica" a las afueras de la Jefatura (calle Italia 2.500) hasta obtener una respuesta a sus peticiones.

"Les hemos dado, con un tiempo de anticipación suficiente para su estudio, cuáles eran nuestros reclamos. Es inadmisible que aún no haya ningún posicionamiento al respecto, sólo el silencio y así no se puede seguir. Nuestras necesidades son impostergables a partir de ahora", sostuvo González.

En tanto, se consignó el rechazo total a una hipotética oferta salarial a concretarse de manera escalonada (en cuotas, como se efectivizó en el acuerdo con los docentes) e incluso se sostiene que solicitarán la reapertura de paritarias en junio o julio.

Además, entre otros de los puntos que fueron referidos por los agentes y que deben ser tenidos en cuenta por el Ejecutivo en la negociación, se destacan: "un mejoramiento en la cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que se extienda durante las 24 horas del día, la creación de cargos para la promoción de los agentes, ya que los últimos años ingresaron 3.000 efectivos originándose un taponamiento en las designaciones, por lo que la carrera policial se ve postergada", aseveró la fuente consultada.

Paralelamente, la Comisión Policial solicitará el pase a planta permanente de 300 efectivos que se desempeñan en carácter de transitorios "sin ninguna garantía laboral, siendo que su función en la administración de justicia se torna severamente condicionada", alegó González.