Se trata de los efectivos policiales Carlos Michia, José Luis Beovidez, Julio Norberto Tobio, Néstor Rocha y Dante Rocha, quienes presentaron la denuncia por “posible comisión de Delitos de Acción Pública”.

Según consta en el texto de la denuncia, antes de llevar adelante el reclamo, un grupo de trabajadores policiales habían consensuado el texto de un petitorio con siete puntos para ser presentado ante funcionarios provinciales, luego surgió que los familiares deseaban realizar una “movilización para pedir mejores condiciones para los policías en la ciudad de Trelew, el cual decidimos acompañar. Así fue que se decidió marchar el día 10 de abril a las 10 horas para entregar un petitorio que fuera confeccionado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, ese día nos concentramos en la plaza de Rawson familiares y sindicato policial a los fines de presentar un petitorio, somos atendidos por el Comisario NASIFF, quien estaba a cargo de la guardia de casa de gobierno y le solicitamos que dijera a gobierno que necesitamos presentar un petitorio a lo cual fue a consultar y nos dijo que no seriamos atendidos por el gobierno.”

Tras la negativa, decidieron instalar carpas y permanecer allí hasta que sean atendidos, tras unos días, el gobierno valló la peatonal donde se encontraban, “Nos visitaban familiares, amigos y policías y éramos filmados desde las ‘oscuridades’ haciendo espionaje ilegal de los compañeros que apoyaban la lucha para luego sancionarlos, amenazarlos o amedrentarlos de cualquier manera esto lo íbamos diciendo a la prensa”, consta en la denuncia presentada.

En la madrugada del octavo día de protesta, “siendo aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana aparece el Comisario Inspector Miguel Gómez, el Comisario César Gómez, el Comisario Nasiff, El Subcomisario Carlos Momberg, el subcomisario Cedron, con personal a su cargo todos policías jóvenes en su mayoría mujeres que no superaban el año de antigüedad donde los arriba nombrados obligaban a estos policías a sacarnos por la fuerza. Le solicitamos a los nombrados quien emitía la orden judicial y no nos decían lo decíamos que el procedimiento era ilegal y que por ser un espacio público permaneceríamos en el lugar, aun así seguían adelante gritándole a policías inexpertos para que nos saquen. Fuimos sacados en forma violenta, sin orden judicial, y trasladados a la Comisaria de Rawson, privándonos de nuestra libertad, sacándonos nuestras pertenencias, no dejándonos hablar con nuestros familiares para avisarles ni pudiendo comunicarnos con nuestros abogados dejando en lugares de detención de condiciones infrahumanas, luego de unas horas nos querían hacer firmar un acta que no contenía de quien era el que había dado la orden de desalojo tampoco estaban presentes nuestros abogados”, consta en la denuncia.

Procedimiento ilegal

En el texto de la denuncia argumentan a través de distintos marcos normativos cuáles serían los procedimientos ilegales que se desplegaron contra los manifestantes, así entre ellos mencionan que en la Constitución Provincial se ha declarado “La privación de la libertad tiene carácter excepcional y sólo puede ordenarse en los límites de esta Constitución, siempre que no exceda el término máximo que fija la ley (…) Ninguna persona puede ser molestada, perseguida, por sus ideas religiosas, políticas o gremiales.”