Pasado el mediodía de ayer, en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización de la investigación preparatoria en la causa que tiene como imputados a los suboficiales de la Seccional Segunda de Policía, Jaime Walter Rúa y Gino Jesús Balochi, autor y partícipe necesario, respectivamente, de presunto “homicidio calificado en grado de tentativa”, delito con penas mínimas de 4 a 17 años.

El cabo primero Rúa y el sargento ayudante Balochi fueron sentados ayer en el banquillo de los acusados por el caso de “gatillo fácil” ocurrido la noche del sábado 7 de enero en el barrio Ceferino Namuncurá, donde Pablo Ovando recibió un disparo de posta de goma en la cabeza y sufrió graves heridas que pusieron en riesgo su vida.

El juez penal Mariano Nicosia fue quien presidió la audiencia de ayer, la jefa de fiscales Adriana Ibáñez representó al Ministerio Público Fiscal y Ricardo Amado Coelho junto a Viviana Barilari representaron a la Defensa Pública.

En el inicio de la audiencia los efectivos policiales y la Defensa Pública le hicieron conocer al juez penal que dentro de sus derechos los policías habían designado como defensa al abogado particular Guillermo Iglesias y que no aceptaban ser asesorados por la Defensa Pública. Incluso los imputados se negaron a dialogar con los defensores públicos, por lo que Barilari planteó la suspensión de la audiencia de control y que se formalizara en el día de hoy para que el abogado particular asumiera la defensa técnica de los encartados.

Sin embargo, el juez penal explicó que desde la Oficina Judicial se reiteraron infructuosos llamados telefónicos al abogado Iglesias para que asumiera la defensa en la audiencia y que no pudo comparecer, por lo que se designó por oficio a la Defensa Pública para que lleve adelante la formalización.

Balochi no quiso declarar, pero señaló que no estaba conforme con la defensa al igual que Rúa quién pidió: “que se respeten nuestros derechos ante todo”.

UN MES DE PRISION

La fiscal solicitó prisión preventiva de los sospechosos por peligros procesales de fuga, ante la expectativa de pena que se espera, y la actitud asumida en el disparo, cuando escaparon. Asumió que es “una investigación difícil”, en la que los efectivos podrían entorpecer el proceso induciendo a modificar declaraciones en sus subalternos o compañeros. Un ejemplo de presunto encubrimiento que citó la fiscal, es que un encargado de turno ya le ha manifestado que “las armas largas no salieron de la seccional”.

Finalmente Nicosia resolvió legal la detención, dejó por asegurada su defensa técnica sin perjuicio de la designación de un abogado defensor y teniendo en cuenta el pedido de la Defensa Pública de la nulidad de audiencia. Asignó seis meses de investigación preparatoria, y sostuvo que hay elementos de convicción en la investigación para determinar la autoría y que de acuerdo al relato la actitud de los efectivos fue artera por ser servidores públicos.

No compartió con la fiscalía la caratula provisoria del caso entendiendo que se debía encuadrar el hecho en “lesiones graves calificadas por ser miembros de la fuerza policial” con penas que van de 3 a 10 años de prisión. Sin embargo, entendió que los peligros procesales de fuga y entorpecimiento sean determinantes para decretarle un mes de prisión preventiva.