La creación de un Cuerpo de Investigación Criminal que deberá estar integrado por policías fue presentado como proyecto por el diputado radical Luis Petri y representa la base de la tan mentada Policía Judicial. Esta iniciativa, que suma casi medio centenar de artículos, se anticipó a una que viene elaborando el Gobierno provincial.

“Es uno de los 10 puntos que propusimos al Gobierno en febrero para mejorar la seguridad en la provincia. En base a ese marco, en el radicalismo comenzamos a trabajar y tuvimos en cuenta, fundamentalmente, que sólo el 3 por ciento de los delitos que se cometen en Mendoza reciben condenas. Esto habla a las claras de que hay que revisar los procesos judiciales para evitar que gane la impunidad”, señaló Petri, autor también de un proyecto para endurecer el régimen de excarcelaciones, que fue aprobado hace unos meses pero generó mucha polémica, sobre todo por la resistencia de parte del oficialismo.

El legislador, en el marco de esa revisión, sostuvo que una de las claves es unificar el proceso investigativo y la investigación criminal. Recordó que desde 1950 se propone crear la Policía Judicial pero se continúa con una policía administrativa que tiene un doble comando que en definitiva perjudica los procedimientos finales.

Petri planteó que se necesita una fuerza más judicializada y especializada. “Para ello hay que unificar en el Poder Judicial la investigación en manos de los fiscales con este cuerpo que proponemos de investigación criminal, que dependerá de ese poder. De esta manera se logrará un doble efecto: repercutirá positivamente en la investigación, posibilitando mayores condenas y en el esclarecimiento de los hechos delictivos, quedando en manos de los fiscales de investigación. También repercutirá en la prevención del delito ya que a partir de esta ley la Policía de Mendoza podrá dedicarse a prevenirlos y no a la investigación de los hechos ya cometidos”.

En lo que hace a la conformación del cuerpo, en el proyecto se propone que esté integrado por policías que hasta hoy están dedicados a las investigaciones de los distintos delitos. Pero además propone que formen parte del cuerpo civiles especializados que deberán ingresar por concurso público, a los que se sumarán los profesionales que estudien la carrera de investigador judicial que Petri indica que, en un primer momento, debería dictarse en el Instituto de Seguridad Pública, hasta que se cree la Escuela de Investigación Judicial.

En lo que hace a la implementación, una vez aprobada y reglamentada, la ley se pondrá en marcha en la Tercera Circunscripción Judicial (Zona Este), luego en la Primera (Gran Mendoza) y por último en la Segunda (Valle de Uco) y Cuarta (Zona Sur) por lo que en 2017 estaría funcionando a pleno.

“Con la Creación del Cuerpo de Investigación Criminal estamos cumpliendo con lo dispuesto por la ley procesal, ya que tanto en la ley 1.908 que data del 1950, como en la actual ley 6.730, dan vida normativa a un órgano preestablecido para auxiliar en el descubrimiento de la verdad acerca de la comisión de un delito y la actuación de la ley penal en el caso concreto”, sostuvo Petri.

Diseño oficial

La subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, al ser consultada sobre el proyecto de Petri dijo que no lo conocía y aclaró que desde hace meses en el Poder Ejecutivo se viene trabajando en un proyecto propio para poner en marcha la Policía Judicial.

“El 1 de mayo en su mensaje a la Legislatura el gobernador Francisco Pérez anunció la decisión de poner en marcha la Policía Judicial, cuyos aspectos ya veníamos trabajando. Actualmente estamos trabajando en un programa de gestión que es acompañado por el proyecto presentado también en mayo por el senador Germán Gómez”, expresó.

Según la subsecretaria actualmente se está diseñando la implementación. “Si uno no lo tiene diseñado estratégicamente puede obstaculizar la implementación, por lo que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad y senadores provinciales para enriquecer todos los detalles. La idea es que el mes que viene a más tardar estén todos los aportes desde la Subsecretaría de Justicia para comenzar el tratamiento en la Cámara de Senadores”, especificó Ronda.