La policía de esta villa turística desalojó ayer al intendente Mauro Del Castillo del edificio municipal por orden del juez correccional subrogante, Leandro Nieves. La decisión del magistrado, que también incluye la prohibición para que el jefe comunal reingrese al edificio, se sustenta en la condena por incumplimiento a los deberes de funcionario público que pesa contra Del Castillo.

Paralelamente, el fiscal Marcelo Jofré requerirá este martes la instrucción de una causa por quebrantamiento de inhabilitación contra el funcionario. Según se supo, la fiscalía solicitará la indagatoria de Del Castillo para los próximos días. "Es probable también que se investigue a los concejales oficialistas que avalaron la continuidad del funcionario en el cargo", destacó una fuente.

La decisión de la justicia de ordenar del desalojo del intendente tomó por sorpresa a propios y extraños en esta localidad. De hecho, Del Castillo se encontraba encabezando una sesión especial de la comisión municipal cuando fue notificado de que debía abandonar la comuna.

"En la sesión había dicho que no pensaba abandonar el cargo porque su abogado sostenía que esto era ilegal. Cuando debíamos abrir los sobres de una licitación para la obra de agua desapareció sin dar explicaciones y luego nos enteramos del oficio judicial", expresó la concejal del Frente y la Participación Neuquina, Eugenia Ugartemendía.

Según confirmaron varias fuentes, la justicia dictaminó que Del Castillo no puede retomar el poder ya que se encuentra firme un fallo en su contra que establece una pena de un año de prisión condicional y dos de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Supongo que este martes nos reuniremos para definir quien toma la conducción del municipio de aquí hasta fin de año", destacó la legisladora.

Ayer, en tanto, un grupo de vecinos de Pehuenia y otros parajes cercanos se presentaron ante el juzgado correccional para entregar un documento con más de 300 firmas donde solicitaban que se permita a Del Castillo finalizar su mandato.

"No tenemos nada que ver con el tema político, somos prestadores de servicio y simples vecinos que observamos con suma preocupación lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Todo esto nos perjudica enormemente y queremos que la justicia también nos escuche a nosotros", expresaron.

Su postura se hizo pública antes de que se efectivizara la orden judicial de desalojo contra Del Castillo.