Catalani fue directo y afirmó que la actitud de la máxima autoridad eclesiástica de La Pampa no le es extraña. "Es lo que uno siempre espera de las personas que están en la iglesia con ese nivel de autoridad", manifestó. Amplió que existen excepciones de sacerdotes, como en el caso del Padre Angeleli, "quienes sin dudas nos hubieran dado la información que necesitamos para estos casos".

Para el profesional, no existe duda sobre la complicidad de la cúpula eclesiástica a nivel nacional con la última dictadura militar por lo que esta situación también se trasladó a esta provincia. "En muchas oportunidades, la iglesia se basó en fundamentos morales y religiosos que ampararon el genocidio, la tortura y el secuestro y, por otro lado, negó información verdaderamente valiosa", afirmó.

Objetivos.

Para argumentar lo afirmado, Catalani dio a conocer un ejemplo histórico. "La negativa de información por parte de la iglesia, en cuanto a la dictadura militar, se ve reflejada en la situación del movimiento espiritual siloista ya que sus integrantes fueron secuestrados, desaparecidos o tuvieron que irse del país sólo porque implicaban una competencia para los católicos en La Pampa", sostuvo. Y exclamó: "Ellos eran ajenos a cualquier partido político o ideología".

Reiteró que este grupo de personas sólo efectuaba prácticas religiosas y no tenía ningún tipo de vinculación con partidos políticos o sindicatos. "Queda muy en claro que este movimiento era absolutamente pacífico pero competidor a nivel religioso, por lo que en esta situación se refleja la intervención del movimiento católico para seleccionar objetivos", enfatizó.

A su vez, declaró que existiendo un vínculo, "una estrecha e íntima relación" entre la iglesia y la dictadura en la provincia es muy probable que la información que tenían algunos sacerdotes era óptima para la investigación". Y lanzó que un

archivo religioso no es lo mismo que uno judicial pero, de todas maneras, merece una inspección detallada.

Finalmente, Catalani dijo que "es sumamente peligroso para la investigación y los testigos" que los represores Omar Aguilera y Roberto Fiorucci -condenados por delitos de lesa humanidad- obtuvieran el arresto domiciliario.