Luego de que el Gobierno de Darío Díaz Pérez decidiera prorrogar por un año y medio el contrato con la empresa recolectora de residuos Covelia en Lanús, las voces de la oposición no tardaron en cuestionar la decisión. Los primeros en lanzar sus críticas fueron los macristas, que objetaron el servicio que brinda la empresa y opinaron que este tipo de medida debería haber sido puesta a consideración del Concejo Deliberante; desde el radicalismo, en tanto, admitieron que todo contrato puede extenderse, pero remarcaron que si es un plazo tan largo “no es una prórroga, sino un contrato encubierto”.

Desde el Municipio, en tanto, salieron al cruce de las acusaciones, defendieron la prestación de la empresa y aseguraron que no era necesario consultar al Cuerpo deliberativo.

“Los concejales del PRO están desconociendo algunos aspectos jurídicos porque la ordenanza permite la prórroga del contrato sin tener que hacer el camino deliberativo. Esta es una posibilidad que daba el pliego original”, argumentó el secretario de Planificación Estratégica y Ordenamiento Ambiental de Lanús, Ricardo Jilek, en diálogo con Info Región.

Según especificó el funcionario, optaron por la prórroga -que comenzó a regir desde este mes y llegará hasta agosto de 2013- ya que consideraron que era “mucho más conveniente” para la Comuna.

Días antes, el concejal del Pro Heriberto Deibe había denunciado la falta de control sobre el servicio que presta Covelia y había remarcado también que desde su espacio hace tiempo comenzaron a solicitar una copia del contrato, aunque sin éxito.

“No hay municipio más mugriento que el nuestro, hay una falencia total de la intendencia sobre el control de la recolección de residuos. Hay zonas llenas de basurales, y esto se puede ver en todo Lanús, entonces me parece que estamos en un problema demasiado grave. Si por un lado hago la recolección con cooperativas y por otro le estoy pagando a la empresa para que recolecte en esa zona, es un área gris porque no se sabe qué se hace con esa plata”, criticó el edil.

Jilek, de todos modos, rechazó los cuestionamientos: “El pliego original del contrato dice que la empresa tiene la obligación de recolectar aquellos residuos embolsados o embolsables, los no embolsables -como pueden ser colchones, sillones y trastos viejos- lo realiza un servicio del municipio a través de una línea 0800 donde el vecino puede llamar y nosotros lo realizamos por medio del trabajo cooperativo. El contrato se cumple de acuerdo a lo establecido”, defendió.

El concejal de la UCR Carlos Folino se sumó a las críticas del macrismo, y si bien reconoció que la extensión de la concesión “es siempre una opción”, consideró que si se amplió por 18 meses, “es un contrato encubierto”.

“En términos generales, una prórroga es un resorte que está en el contrato entre las partes, es una opción que puede tomarse, pero como no tuvimos acceso al contrato no puedo decir si la prórroga fue por tiempo indeterminado, que nunca puede ser así porque normalmente tienen un máximo de seis meses. Entonces tienen que volver a licitar y a tratar en el Concejo como corresponde”, explicó el edil, de profesión abogado, en diálogo con Info Región.

También se sumó al reclamo por la falta de higiene en el distrito y aseguró que ellos tampoco pudieron acceder al contrato.

“Apenas asumimos en el Concejo quisimos hacernos de la documentación pertinente pero fue totalmente imposible, llegamos con concejales de varios partidos hasta el Tribunal de Cuentas, fuimos a ver el expediente a la municipalidad, pero tampoco pudimos, así que pareciera que es algo que está bajo siete llaves”, se quejó.