Las denuncias que pesan contra el vicepresidente Amado Boudou, de que algunos de sus amigos íntimos son socios y que actúan como “testaferros” en negocios en los que el economista y segundo hombre en la línea sucesoria presidencial no puede figurar, tuvieron sorpresivamente una ramificación que llega hasta Tucumán, concretamente a la calle San Miguel 623, donde, según denuncia el abogado Monner Sanz, funcionaría una sede de la empresa Agroibérica de Inversiones SA, creada en 2007 por Fabián Carosso Donatiello y por Vandenbroele.

¿Quiénes son y qué tienen que ver con Boudou? Donatiello, además de amigo del vicepresidente, es dueño del departamento en Madero Center donde vive Boudou -según investigaciones periodísticas-, a la vez que integraría la sociedad que compró la ex Ciccone Calcográfica. En todo esto también hay legisladores siguiendo la pista; uno de ellos Miguel Garrido, con quien conversamos.

Noticias & Protagonistas: ¿Cuál es la naturaleza del pedido de investigación relacionada con Fabián Carosso Donatiello?

Miguel Garrido: Nosotros, junto con el diputado Jorge Álvarez, recibimos una información sobre el padre de Carosso, un jubilado que fue empleado público toda su vida, y nos acercaron documentación en la que figura como fiduciario para la construcción de un edificio en el centro de Rosario, y en su domicilio particular hay constituidas varias sociedades, incluso una constructora. Llevamos todo a la justicia, porque se está investigando un posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito del vicepresidente; su relación con Carosso Donatiello es indudable, y la situación del padre de éste nos parece sospechosa.

N&P: ¿Qué pasa en la Argentina, que por momentos parece entrar en un pantano? Son muchos los casos que no tienen condena, y que están en riesgo de prescribir. ¿Qué es lo que se hace mal?

MG: Lo que creo es que la justicia es ineficaz para perseguir hechos complejos o con las causas que involucran personas ligadas al poder. Hay una impunidad que requiere una transformación de fondo, pero para eso hace falta una decisión política, y esto no está en la agenda del oficialismo.

N&P: La Corte lanzó el tema de la reforma del Código Civil. Si hubiera que pensar en el Código Penal, ¿por dónde debería empezar la modificación?, ¿por la designación de los funcionarios?

MG: Hay una comisión que trabaja en la reforma, pero el problema pasa más bien por la reforma del Código Procesal Penal, esa es una asignatura pendiente. El Código vigente es atrasado, lento, no hay protagonismo fiscal, esto complica y da muchas oportunidades a los buenos defensores para trabar a la justicia, sobre todo en casos complicados. Está esa reforma, pero hay otro problema; la transformación de las relaciones de la justicia con el poder político, que requiere una modificación cultural. Además, habría que detectar los casos de corrupción antes, prevenirlos.

N&P: Hay datos de que tampoco es tan difícil encontrarlos, como la empresa de los Cirigliano en Miami. Pero la unidad de investigación financiera no indaga sobre la forma en que hicieron el dinero…

MG: Es un escenario complicado, pero la Argentina tiene lo que merece: una mala calificación en el tema corrupción. Acá pasan cosas que no ocurren en ningún lado del mundo. Se esconden los datos, no se va a fondo, y estas cosas favorecen la falta de políticas públicas; ningún funcionario da señales de qué hace y qué deja de hacer. Hay que rendir cuentas, y eso tampoco se hace.

“No nos creían”

Desde los Kirchner en adelante, el Gobierno hizo todo para generar este escenario, aunque no les funcionó con Leandro Despouy. “(La AGN) es el único órgano de control que, pese a los embates, cumple la finalidad para la que se lo diseñó –asegura el diputado Garrido-. El vínculo con los Cirigliano en su momento era muy claro: cuando yo era fiscal general de investigaciones administrativas, detectamos los pagos a Jaime y los vuelos privados del grupo, todo a través de asientos contables, y sin embargo nos costó mucho que nos creyeran”, lamentó.

Y eso que las pruebas surgieron de registros contables de la propia empresa de Cirigliano, pero la desatención de los órganos de control se refleja en la escasa detección de estas irregularidades. “Si no entendemos que es importante fortalecerlos, cuanto menos riesgo les generan, más propenden a la corrupción con la que se mueven”, explicó.

Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vanderbroele, supuesto testaferro de Amado Boudou, dijo que no la sorprendió lo hallado por la justicia en el departamento del vicepresidente, que figuraba a nombre de Fabián Carosso Donatiello. "A mí no me sorprende que hayan encontrado papeles de expensas, porque tenía la intuición de que era el departamento en el que estaba viviendo Alejandro", afirmaba no hace mucho, aunque con alguna salvedad: "me parecía muy raro que Donatiello alquilase un departamento en Buenos Aires, porque Fabián viajó una sola vez a Buenos Aires, ya que sus padres creo que viven en Santa Fe".

Mientras tanto, la rueda sigue.