Podrían entregar subsidios a los vecinos del edificio Esperanza II

Piden que funden una ONG para que el Gobierno pueda arreglar las fallas en los edificios.
Los vecinos del Plan Habitacional Esperanza II podrían arreglar sus edificios gracias a un subsidio del gobierno provincial. Esa es una de las posibilidades que planteó personal del Ministerio de Hacienda y Obra Pública a una representante de los 60 inquilinos.

Así lo confirmó la jefa del Programa Coordinación y Seguimiento de la Obra Pública, Stella Rubino de Catalfamo. "La idea es entregarles un subsidio, pero ellos (los vecinos) tienen que conformar una organización no gubernamental. Lo que pasa es que no puede intervenir el Estado porque esto no es una obra pública provincial y estaríamos actuando sobre una propiedad privada", detalló la funcionaria.

También dijo que el dinero no sólo servirá para arreglar la escalera y la plataforma que casi se derrumban, sino que además estará destinado a otra escalera del predio que tampoco está en las mejores condiciones. "Esto es un tema administrativo, el subsidio es la forma que encontramos para poder ayudarlos", explicó.

Catalfamo destacó que la encargada de realizar estas gestiones con los vecinos fue la jefa del programa de Obras de Arquitectura, María Pía Pollio, quien también estuvo a cargo de realizar un informe de las necesidades estructurales del predio a fines del año pasado.

La arquitecta lo recorrió en diciembre cuando sucedió el problema con una de las plataformas que obligó a evacuar a los vecinos. Allí pudo constatar la falta de mantenimiento y el peligro que representaban los elementos de algunos espacios compartidos.

Una situación compleja. El otro ministerio involucrado en el caso del predio de La Merced y Tacuarí, es el de Inclusión Social y Política Habitacional, que trabaja para encontrar la manera de regularizar la situación dominial de muchos de los inquilinos.

El ministro, Eduardo D'Onofrio, comentó que los departamentos tienen una larga lista de propietarios. Ya a finales de 2011, vieron que las tierras estaban a nombre del Obispado de San Luis. "El obispo (Daniel Martínez), con total buena predisposición, dio las instrucciones para que se haga la donación a la provincia y a partir de ahí nosotros vamos a citar a aquéllos que fueron adjudicados y cancelaron porque cada departamento tiene un propietario", explicó.

Leé la nota completa en la versión impresa de El Diario de la República.

Comentá la nota