En un encuentro con el fiscal Martín Pizzolo, los vecinos dividieron sus decisiones en dos: ocho familias decidieron abandonar las viviendas, mientras que otras ocho continuarán en ellas. No se descarta un posible desalojo.
A pesar de que estas familias están en la lista de adjudicatarios, quedaron afuera varios vecinos que empezaron a reclamar que quienes estaban en las casas habían usurpado, dado que desde el momento de inicio del barrio, a medidados de los '90, aún no se hizo ningún sorteo.
Pizzolo planteó que esta instancia es necesario que las familias desocupen las casas, para que intervenga el Instituto de la Vivienda. Sin embargo, ante la decisión de ocho de los 16 ocupantes de continuar viviendo en ellas, "mi potestad es solicitar intervención de la oficina de Alternativa de Conflictos del Ministerio Público", aclaró el fiscal.
De esta manera, no se descarta que en los próximos días se desaloje a quienes permanecen en las viviendas, porque judicialmente se entiende que son usurpadores.
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