“Podríamos estar en presencia de una enfermedad de carácter profesional provocada por una situación de acoso laboral y, de constatarse esto, haríamos responsable directamente al funcionario a través de una denuncia penal por lesiones”, dijo. En declaraciones a 0223.com.ar, el Dr. Julio Hikkilo, asesor legal de Andrea Vorraso, una empleada municipal que denunció haber sufrido “amenazas” y haber sido obligada a trabajar “bajo presión” cuando se desempeñaba como encargada administrativa de la Dirección de Relaciones con las ONG’s, que entonces dirigía Adrián Alveolite; aseguró que los elementos aportados por la trabajadora son determinantes. “La señora se comunicó con la Casa del Trabajador de Mar del Plata donde nosotros brindamos asesoramiento jurídico y, a raíz de la narración y los elementos que ella aportó (estudios y certificados médicos), podríamos estar en presencia de una enfermedad de carácter profesional provocada -según refieren ella y los certificados médicos- por una situación puntual de acoso laboral y psicológico en su lugar de trabajo que habría tenido lugar hace un tiempo atrás”, explicó. “Ante esa situación que nos pareció grave, le aconsejamos que diera inmediata intervención a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) para que pudiera recibir la prestación médica, psicológica y psiquiátrica porque si tiene que encarar el tratamiento a través de su obra social puede ser más costoso”, contó. Además, dijo el letrado, también “se comunicó la situación al municipio a los efectos de que se instruyan los sumarios internos correspondientes para determinar la responsabilidad del funcionario”. “Lo que se busca es que, si existió el hecho, tratar de correjirlo y que se sancione al responsable”, puntualizó. Asimismo, Hikkilo señaló que Vorraso “manifestó que otras compañeras de trabajo habrían pasado por esta misma situación, con la misma persona y con las mismas características”, por lo cual consideró que se estaría ante una situación “grave”. “El acoso laboral y el acoso psicológico en la administración pública está penado por la ley, aunque no en la actividad privada”, aclaró. Según el abogado, “estas son situaciones que se repiten -a veces más solapadamente, a veces en forma evidente- y que comienzan cuando personal jerárquico, por equis motivo, comienza una estrategia de desestabilización psicológica del trabajador para provocar su renuncia y alejamiento del cargo o, como en este caso, problemas de carácter psiquiátrico”. “En este tipo de patologías hay un proceso en donde el trabajador, por lo general, trata de autoinculparse, se autoresponsabiliza de la situación; se generan situaciones de fobia, depresión, angustia y hay casos en los que hasta llegan al suicidio”, afirmó. Y reparó en que “el mobbing o acoso laboral y psicológico en el lugar de trabajo es un problema grave que los trabajadores tienen que enfrentar solos día a día porque los sindicatos no toman debida cuenta por falta de información”. Respecto de qué pasos se seguirán desde el plano legal, Hikkilo especificó que por lo pronto se encuentra “esperando que la municipalidad responda y que la ART haga lo propio”, aunque aclaró que se está “dentro de los plazos normales de contestación”. En ese sentido, subrayó que “si hay silencio de parte de la ART daremos intervención a la Comisión Médica para que analice la situación y si la municipalidad no responde, trataremos de instar el sumario administrativo”. “En caso de que se trate de una lesión ocasionada por esto, evaluaremos también la posibilidad de hacer directamente responsable al funcionario por este accionar y hacer una denuncia penal por lesiones, porque acá hay una lesión a la salud”, anticipó por último.