Hoy, la actividad está asociada a cosas menos poéticas. Al maderero le cae la sospecha de dañar el medio ambiente, de desmontar. Pero el maderero responsable hace una tala selectiva, como resultado de un estudio previo. A ellos la venta de madera ilegal los afecta directamente. El presidente del Centro de Obrajeros del Norte, Luis Belluccini, dice lo suyo este domingo.

Un ingeniero determina cuáles son los árboles que se pueden extraer por cada hectárea. Con esa información, el cortador planea un volteo dirigido para no dañar otras especies. Mientras trabaja, un grupo de hombres despeja el camino y acopia la madera antes de cargarla en los camiones que la llevarán al aserradero. Después de cortarla, estibarla y secarla ya está lista para ser procesada, en Orán o en otro aserradero de la Argentina.

Pero la madera genera más puestos de trabajo cuando tiene valor agregado. La industria necesita contratar más mano de obra calificada cuando transforma un árbol en puertas, pisos, muebles y ventanas. Ese es el desafío que tiene hoy el sector. “Podríamos brindar el doble de puestos de trabajo”, dijo Belluccini.

En el departamento Orán, la industria maderera reparte más de 600 puestos de trabajo formales y al menos 1.200 puestos informales. “Debemos andar por las 3.000 familias que viven de esta actividad”, aseguró Belluccini, quien pidió: “Planificación para el sector a largo plazo”. Para el dirigente “no puede ser que todos los años se sufra la falta de reglas claras”.

Apuesta a futuro

Además, el empresario y dueño de Madenort S.R.L, apostó por la forestación. “Hay que volver a retomar el camino de la forestación. Salta debería tener muchas más aéreas forestadas que las que tiene”, dijo.

Fuera de este circuito legal de la madera viven también miles de familias que subsisten del comercio ilegal. Las necesidades sociales del norte salteño están entre las más críticas de todo el territorio argentino. En el circuito constituido de varios eslabones, el más perjudicado resulta ser también el más pobre.

El Tribuno contó el caso de Atilio Anakin, padre de cuatro hijos que había sido encarcelado ocho días en Santa Victoria Este por vender estacones de quebracho. Pero Atilio es pobre y su familia no tenía ni documentos para recibir la ayuda social. Cientos de familias como las de Atilio ahora ven amenazada su principal fuente de ingreso, pero hasta el momento también les resulta imposible normalizar su situación frente al Estado.

“La industria maderera se fue perdiendo poco a poco. Estamos preocupados porque vemos menos industria que hace 10 años atrás, donde había el doble de puestos de trabajo. Muchos madereros quedaron en la informalidad por la situación económica. Hoy cuesta mucho cumplir con todo lo que se exige y reunir todas las condiciones para trabajar formalmente”, dijo el presidente de los obrajeros.

“El sector maderero es importante para la provincia y viene sufriendo bastante. Desde la paralización por parte de la Corte Suprema de Justicia, hasta la falta de políticas forestales claras a nivel nacional y provincial. Lo que más nos preocupa es la falta de políticas forestales a largo plazo. Creemos que tenemos un recurso que no lo tiene nadie o lo tienen pocos y que no lo estamos sabiendo aprovechar. Hubo algunas modificaciones a nivel provincial y entendemos que se pueden hacer las cosas bien y trabajar en el largo plazo”, analizó Belluccini.

¿Los favoreció la medida de la Corte Suprema de levantar la prohibición que suspendía todo tipo de desmonte en varios departamentos del norte?

Nosotros fuimos víctimas de esa prohibición, porque el maderero no desmonta, sino que hace una tala selectiva y organizada. Desde la denominada ley de bosques que venimos con complicaciones y sumando algunos factores económicos podríamos decir que el panorama fue complicado. La actividad se redujo mucho también en otros sectores, como las pymes. También hubo un período importante de poca demanda y de un muy bajo valor de nuestra madera nativa.

¿En que los perjudicó la ley de bosques?

La ley es para nosotros muy importante. Para los madereros es algo histórico poder trabajar con una ayuda para conservar el bosque histórico y nativo. Pero se manejaron tiempos demasiado cortos y no se hicieron las cosas bien. No hubo una planificación, ni tiempo para cumplir con lo que la Nación le exigía a la Provincia y con lo que la Provincia nos exigía a nosotros, a los productores. La ley es un beneficio muy importante para el sector maderero. Creemos que se tendría que haber hecho de forma más pausada y con más planificación.

Nos afectó porque no podíamos hacer las cosas en tiempo y forma. Desde la Provincia teníamos poco tiempo para presentar los proyectos y había muy pocos profesionales capacitados para hacer lo que pide la ley. Mucha gente quedó afuera de poder gozar de algún beneficio porque había poco tiempo y también poca información.

¿Y hoy cómo funciona?

Ya tenemos como dos años de entrenamiento y creo que en el futuro va a funcionar mejor y que la ley de bosques va a beneficiar bastante al sector forestal. Creo que falta un rol más activo por parte del Gobierno provincial. Tiene que controlar y estar más encima de los productores. Pero también tiene que ayudar a la gente que no puede hacer el proyecto y darle los medios, ya sean comunidades aborígenes o familias de bajos recursos.

¿Cuál es reclamo concreto del sector?

Falta de organización, pero sobre todo más participación del Gobierno en las zonas productivas. Creemos que las oficinas importantes relacionadas con los asuntos forestales tienen que instalarse en los departamentos Orán y San Martín. Son los lugares donde se maneja la madera nativa en gran cantidad y donde está la mayoría de los aprovechamientos forestales que prevé la ley de bosques. Necesitamos que sea más fácil presentar propuestas. Pedimos una oficina, no solo por las complicaciones que tienen los productores para realizar trámites en Salta, sino para que se controle toda la madera ilegal que está entrando.

¿Es significativo el mercado ilegal de la madera?

Es un negocio que perjudica la economía de los que están registrados para la actividad y que amenaza el recurso forestal de la provincia. Hay mucho comercio ilegal sin control. Cuando hay poca demanda y el precio de la madera es ajustado, la venta ilegal se siente y perjudica a los comerciantes que están en blanco. Pero detrás de ese comercio ilegal hay gente con necesidad, que hacen eso para subsistir.

¿Cómo se incorpora esa gente al marco legal?

Es una problemática más general. Deberían aparecer otras fuentes de empleo y sobre todo tener más industria, apoyar más a las industrias madereras. En esta zona tan rica debería haber más industrias aportándole valor agregado a la madera nativa. Así el productor va a necesitar contratar más mano de obra. Podemos tener el doble de los puestos de trabajo que tenemos hoy. Eso podría ir, de a poco, regularizando esa situación, pero lamentablemente no tenemos demasiadas industrias como debería tener Orán.

¿Hay un desprestigio hacia la actividad por su impacto ambiental?

Efectivamente y poder revertir esa imagen es uno de los grandes desafíos. Nosotros no hacemos desmontes. Cuando se habla del maderero y de la misma prohibición impuesta por la Corte se responsabiliza al sector, pero es por desconocimiento. Nosotros no desmontamos, no volteamos el monte, ni hacemos tala raza. La madera que se corta surge de un estudio previo bastante completo. Trabajamos con tala selectiva, en lugares donde previamente se hace un censo, por parte de profesionales, que determina cuál es la madera que se puede sacar en cada hectárea. Sacamos, en promedio, entre tres y cuatro árboles por hectárea. Si el bosque es muy rico se pueden sacar cinco árboles. Se hace lo que nos permite el estudio y dejamos para dentro de unos años los árboles que todavía no tienen el diámetro necesario para su comercialización. De esta manera cuidamos el bosque y nuestra fuente de trabajo.

¿El desafío es darle valor agregado a la madera en Orán?

Sí, cada vez sale menos la madera en rollo. Estamos avanzando con el nuevo ministerio para elaborar normativas que prohiban sacar la madera en bruto del departamento Orán. Salvo en pocos casos puntuales, la madera se tiene que industrializar en Salta.