"Al cuestionar ese artículo, Sotelo se niega a sí mismo, pero… mantiene su cargo. ¡Y tres jueces del Superior Tribunal avalaron esa barbaridad!"

Para el ex fiscal de Estado de la Provincia, Eduardo Carbajal, existe un preocupante nivel de "degradación institucional" en el Poder Judicial de Corrientes. Juzgó muy severamente al fiscal general César Sotelo. Y confió en soluciones locales "antes de llegarse a una intervención federal".

Sobre algunos de estos temas mantuvo el siguiente diálogo con EL LIBERTADOR:

-Días atrás la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo contra una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. ¿Usted intervino en ese tema?

-Así es. Como ex fiscal de Estado me tocó elevar un recurso de queja ante la Corte para defender lo establecido por la Constitución Provincial de 2007.

-¿Qué decía en ese punto la Constitución que usted debió defender?

-Establecía un Ministerio Público tripartito: fiscal general, defensor general y asesor general.

-¿Y qué pasó?

-Pasó que el fiscal general César Sotelo inició una acción de inconstitucionalidad. El Gobierno de ese momento (encabezado por Arturo Colombi), respetando el mencionado artículo constitucional, había elevado los pliegos de Jorge Semhan y Gabriela Aromí para cubrir los cargos vacantes en la Defensoría General y en la Asesoría General.

-¿Elevaron esos pliegos al Senado?

-Así es. Pero no los pudo tratar: en 24 horas, el Superior Tribunal de Justicia ya había dictado una medida cautelar.

-Entonces, usted como fiscal de Estado apela esa resolución.

-Así es. En 2008 se comienza a tramitar nuestra apelación a la Corte Suprema. El trío Rubín-Codello-Farizano ya había fallado a favor de Sotelo disponiendo la "inconstitucionalidad de nuestra Constitución".

-Bueno, declararon inconstitucional un artículo…

-Pero fíjese la incoherencia del planteo del fiscal César Sotelo (que una parte del Superior Tribunal avaló): ese artículo disponía la creación de un Ministerio Público con tres cabezas, esto es, Fiscal, Defensor y Asesor. Al cuestionar ese artículo, Sotelo se niega a sí mismo, pero… mantiene su cargo. ¡Y tres jueces del Superior Tribunal avalaron esa barbaridad!

"NOS DIERON LA RAZÓN"

-Entonces ustedes apelaron. ¿Y después?

-Nuestro recurso de queja pasó a despacho en 2009. Finalmente, pasado el tiempo (cinco años) la Corte nos dio la razón y revocó la decisión del Superior Tribunal de Justicia, ordenando constituir un nuevo Superior Tribunal que dicte nueva sentencia.

-¿Pueden ser los mismos integrantes del STJ que dictaron aquel fallo cuestionado?

-No, no pueden ser las mismas personas. Bueno, hay que aclarar que de los tres que votaron a favor de Sotelo sólo queda Rubín, pues el doctor Farizano falleció y el doctor Codello parece que no está en condiciones físicas. Por otra parte, los ministros (Fernando) Niz y (Guillermo) Semhan habían votado en contra.

-¿El fallo de la Corte es totalmente explícito en su rechazo a aquel pronunciamiento del Superior Tribunal?

-Totalmente explícito y severo. Dice que el Superior Tribunal correntino se atribuye funciones que no le corresponden "usurpando el poder constituyente", realizando una "reescritura del texto constitucional" y violentando el principio de división de poderes.

-Bastante contundente ¿no?

-¿Y qué le parece? De paso, es un mensaje a muchos jueces que con mucha liviandad declaran inconstitucional las leyes. Es cierto que hubo tres supremos (Fayt, Petracchi y Argibay) que no votaron a favor. Pero sólo dijeron escuetamente que, a su criterio, "no corresponde" pronunciarse.

LA INTERVENCIÓN

-¿Qué cree que pasará ahora? ¿Hay motivos para una intervención federal al Poder Judicial de Corrientes?

-Hay causal de juicio político contra Sotelo, y también contra Rubín y Codello. Si no hay respuesta de los poderes locales, ese podrá ser otro motivo de intervención federal.

-Tras este fallo de la Corte, ¿qué debería pasar?

-En principio, el Senado debería avanzar en el tratamiento de los pliegos remitidos en su momento para cubrir la Defensoría y Asesoría generales del Ministerio Público. Al rechazar la Corte la nulidad del artículo en cuestión, ese artículo vuelve a cobrar su plena vigencia constitucional. Hay que volver al cauce constitucional.

-¿Quiénes fueron propuestos para esos cargos?

-Los doctores Jorge Semhan (para la Defensoría) y Gabriela Aromí como asesora (de pobres y menores; es una rama tutelar del Ministerio Público).

-Usted actuó como fiscal de Estado. ¿Y ahora?

-Trabajo en el ejercicio de mi profesión.

-¿Y cómo ve la actualidad de la Justicia en Corrientes?

-Veo una sensible caída de la calidad institucional, con muchas malas prácticas. Por supuesto que hay muchos jueces y secretarios honestos que cumplen con su trabajo. Pero también hay miedo de empleados y funcionarios, a raíz de permanentes aprietes que sufren. Todo ese clima está avalado por la camarilla que maneja el Poder Judicial.

Fines políticos

-¿Cree que hay utilización de la justicia con fines políticos?

-No cabe duda. Eso se vio, por ejemplo, en la causa que armaron contra (el ex funcionario) Diego Mosquera, que sufrió amenazas, él y quienes lo rodeaban.

-¿La Intervención es inevitable?

-Si todo sigue así, sin ninguna duda. Formalmente, las instituciones están funcionando; pero los más graves problemas no se solucionan.

-¿Hay solución local?

-Creo que sí. Debería haberla. Pero hay ya una larga historia de irregularidades. Se han encubierto a personas…

-La presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Analía Durand de Cassís, dijo que el proceder del fiscal Sotelo (en la cuestionada designación de fiscales en Paso de los Libres) no fue ilegal…

-¡Es mentira! Si dijo eso, es mentira. Sotelo produce escándalos. Algunos ministros se dejan apretar por él.

-¿Cómo se sale de esta problemática?

-El desafío es construir calidad institucional. Para eso hay que comenzar por reconocer el problema.

-El Colegio de Abogados de Corrientes también se opuso a la intervención…

-No todos. El Colegio de Abogados de Paso de los Libres tuvo una postura muy dura. Pero es comprensible la actitud de algunos cuerpos colegiados: cuidan sus intereses gremiales.

Quién es

Nació en Buenos Aires el 15 de agosto de 1964, pero se crió en Goya.

Sus estudios primarios en la Escuela Normal de Goya y secundarios en el colegio nacional Torrent, de la misma ciudad.

Fue militante estudiantil, llegó a ser presidente de la Federación Universitaria del Nordeste (Fune) representando a la agrupación estudiantil radical Franja Morada.

Está casado y tiene cuatro hijos.

Vivió varios años en Formosa.

Ocupó varios cargos partidarios, entre ellos delegado del Comité Nacional de la UCR.

También asumió cargos administrativos.

Fue juez civil y juez penal en comisión.

Fue Fiscal de Estado.

Estuvo nominado para tribunales federales.

Un hobby: jugar al tenis.