MADRID.- Con una decisión que despertó una fuerte polémica, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España suspendió ayer al juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricato por la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen franquista, medida que provocó la indignación de los grupos defensores de los derechos humanos y de víctimas de la dictadura.

La suspensión cautelar fue decidida por unanimidad por el pleno del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles.

El CGPJ tomó esta decisión después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenara la apertura de juicio oral contra Garzón, acusado de prevaricato (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) al intentar investigar sobre los crímenes del franquismo sin tener, supuestamente, competencias para ello e ignorar, además, la ley de amnistía de 1977.

Pocas horas después de dictar la suspensión, el CGPJ aplazó su decisión sobre si concede a Garzón un permiso para trabajar en la Corte Penal Internacional de La Haya.

Después de conocer la decisión del CGPJ, Garzón abandonó la Audiencia Nacional entre abrazos de amigos y colegas, y los gritos de "¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!" de un grupo de partidarios del magistrado. Visiblemente emocionado, el magistrado no pudo evitar unas lágrimas al dejar el que fue su lugar de trabajo durante más de 20 años. La imagen, repetida varias veces por la televisión española, se convirtió en uno de los diez temas más comentados en la red social Twitter a nivel mundial.

Por la tarde, varios centenares de personas se concentraron ante la Audiencia Nacional y se manifestaron en contra de la decisión del CGPJ, enarbolando banderas republicanas y fotografías de víctimas de la dictadura franquista. "Sinceramente, si hay un juez que ha sido el primero en preocuparse de las víctimas del franquismo y termina así, es lamentable, realmente", afirmó el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, cuya asociación fue la primera en promover la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo.

Desde el mundo de la cultura, en el que un amplio sector ha manifestado su apoyo al magistrado, varias voces criticaron la medida. En su página web, el premio Nobel de Literatura José Saramago escribió: "Las lágrimas del juez Garzón son mis lágrimas". Por su parte, el cineasta Pedro Almodóvar señaló que el hecho de que Garzón "o cualquier otro juez" sea apartado de su profesión por pretender enjuiciar los crímenes de la dictadura franquista le provocaba "una desasosegante desconfianza" en el sistema judicial español.

La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a afirmar: "El gobierno, como siempre, respeta la decisión del CGPJ y, de la misma forma, insistimos en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del juez porque el procedimiento no ha concluido". En tanto, el Partido Popular (PP, principal de la oposición), señaló, a través de su vocera en el Parlamento, que respetaba la decisión judicial y que la ley debe aplicarse a "todos" con "absoluta igualdad".

La justicia todavía tiene que fijar fecha para el juicio a Garzón, que podría realizarse en septiembre. En caso de que sea condenado, podría ser inhabilitado por hasta 20 años como juez, lo que en la práctica supondría el fin de su carrera.

La suspensión del magistrado tiene que ver con tres querellas interpuestas en su contra. Una de ellas es por presunto delito de prevaricato, cometido por Garzón al investigar los crímenes cometidos por el franquismo cuando supuestamente no era competente para hacerlo. Garzón investigó brevemente en 2008 la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975), alegando que el delito de desaparición forzada no prescribe. Era la primera investigación de estos hechos en España.

La fiscalía estaba en contra por estimar que esos delitos entraban en la ley de amnistía de 1977, adoptada tras la muerte del general Francisco Franco y al inicio de la transición democrática española, y el juez abandonó la investigación.

Las otras dos fueron interpuestas a raíz de una orden suya para intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en un escándalo de corrupción en el seno del PP y a la acusación de haber recibido un dinero del Banco de Santander para una estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

El magistrado de la Audiencia Nacional se hizo mundialmente famoso al aplicar el principio de justicia universal para perseguir al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y lograr que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad, entre otros casos.