El Gobierno, que no mostró un plan de contingencia ante su decisión de mudar de proveedor a un cuarto de los hogares con banda ancha, realizó ayer gestiones con las telefónicas para ordenar la migración de los usuarios de Fibertel. Acaso la primera muestra de esas conversaciones sea el comunicado que Telecom distribuyó anoche, en el que afirma que “con el objetivo de promover la penetración de los servicios de banda ancha a la mayor cantidad de hogares” la empresa decidió bonificar el cargo de conexión al servicio y el envío al domicilio del móden.

El interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, trató de tapar los baches que la decisión del Gobierno. Hasta aceptó, a pedido de líderes de organizaciones de defensa del consumidor, crear una comisión de monitoreo para que la migración se realice “sin avivadas” como explicó uno, que duda que las promociones sobre banda ancha se cumplan, o como Sandra González, de Adecua, que sostiene que las telefónicas no garantizan las velocidades de conexión.

Si algo bueno salió de este embrollo fue que por primera vez las asociaciones de consumidores consiguieron tener línea directa con Namuncurá, por lo que sus dirigentes se encuentran encantados. Hasta planean juntos controlar si se cumplen las promociones y publicidades de los proveedores de acceso a Internet.

Pero la paz entre el regulador y los consumidores casi se rompe el miércoles, en la segunda reunión que mantuvieron. La CNC publicó en su página web y en los principales diarios el listado de quienes están en condiciones de ofrecer el servicio de banda ancha, que resultó ser más un intento del marketing gubernamental por mostrar el país virtual en el que se asegura que cualquier persona tiene más de 300 operadores de banda ancha para elegir, que el país real que mostró que la mayoría de compañías enlistadas no existían, nunca usaron su licencia, o fueron absorbidas por otras.

González llegó a la reunión en la CNC con copia de una nota de Perfil.com que reflejaba ese panorama con el título “El Gobierno no tiene idea de quién ofrece Internet”. La reunión se tensó hasta que uno de los técnicos del organismo explicó que por regulaciones existentes debían publicar el listado de todos los que tienen licencia, operen o no.

Cable. Ayer el ambiente de batalla entre el Gobierno y Clarín se tornó más oscuro y no fue por Papel Prensa. El presidente de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, respondió a una nota aparecida en Clarín en la que se asegura que el Gobierno quiere sacarle la licencia para operar el servicio de televisión paga en varias localidades. Mariotto lo desmintió: lo que hay es una “intimación a la empresa para que realice un descargo”.