No es un problema exclusivo de la administración Kirchner en sus dos versiones, sino que afectó históricamente al país, con algunos períodos de mayor protagonismo de los bancos (como los hoy vilipendiados años 90). Esa es la necesidad que busca satisfacer el Gobierno con las medidas que está analizando el Banco Central.

Aunque insiste en no reconocerlo, el Gobierno o, al menos, algunos de sus funcionarios ya admiten que la Argentina vive un proceso inflacionario, y uno de sus factores es la falta de inversión que permitiría ampliar la capacidad productiva y aumentar la oferta en el mercado. El propio Indec informó días atrás que, mientras la economía en general creció apenas 0,9% el año pasado (las estimaciones privadas hablan de una caída de entre 4 y 6%), la inversión se derrumbó 10,2%, como consecuencia de la crisis internacional y la incertidumbre local.

Según los datos oficiales, esa trascendental variable se redujo, así, a un 20,5% del PBI. Las consultoras privadas la ubican más abajo (entre 17 y 19% es el consenso), cuando en el pico de la expansión, entre 2007 y 2008, había alcanzado una proporción del 24/25%.

En lo que sí coinciden funcionarios y economistas es en que el año arrancó bien luego de la recesión, y todo indica que 2010 va a terminar con un crecimiento por arriba del 5%. Pero así como están las cosas, será un proceso con limitaciones. Aunque la economía está "traccionando", como se dice en la jerga, no hay mucho más que inversiones destinadas a mantener la capacidad instalada en las fábricas y con financiamiento de corto plazo. "Nadie está pensando en renovarse tecnológicamente o en ampliar su capacidad, salvo en sectores con precios regulados", dice un ex funcionario y actual consultor de negocios. "Los textiles están mucho mejor, gracias a la protección de las importaciones que está aplicando el Gobierno. Pero antes de traer una máquina europea que puede costar 400.000 euros, el empresario se mantiene como está y se defiende con más precios", resume un economista que asesora a empresas y políticos por igual.

El problema reconoce, entonces, dos raíces. El Gobierno busca dar más herramientas de financiamiento a través de los bancos, pero estos, más allá de la fuerte liquidez de que están gozando, su fondeo es de muy corto plazo: el 80% del dinero del que disponen está colocado a menos de 90 días, y es insuficiente en volumen para sostener un proceso de fuertes inversiones de largo plazo. Consecuencia: prefieren privilegiar la financiación al consumo, mediante préstamos personales o con tarjetas de crédito, como lo muestra la profusión de promociones comerciales en las últimas semanas. Así, la única ventanilla para buscar fondos de largo plazo parece ser la Anses, donde algunas empresas grandes colocaron obligaciones negociables en las últimas semanas.

Por otra parte, para mirar más allá del próximo año, todos están expectantes de la política. En el oscuro panorama actual, lo único claro para algunos analistas es que el presidente que surja de las elecciones del año próximo podrá tener el 70% de adhesión en una segunda vuelta, pero en la primera ningún candidato superaría el 30%, y el Congreso con el que deberá lidiar quien finalmente gane reflejará esta aguda división. Son difíciles las apuestas de largo aliento.