“En lo que hace a esta provincia, el Indec sólo mide los aglomerados de Santa Fe y Rosario, con lo cual solamente podríamos estar aplicando estos datos a esos centros urbanos sin considerar el resto de la provincia, que tiene desniveles muy importantes entre sus diferentes regiones. Eso hace que estos índices sean bastante relativos”, fundamentó.

Paralelamente, observó que la medición de pobreza que hace el Indec se realiza por ingresos. “Esto significa que se consideran pobres a quienes perciben un ingreso menor a una canasta básica determinada. El problema -advirtió- es que esa canasta básica se toma sobre la base del índice de inflación que publica mensualmente el Indec y que todos sabemos que, por ejemplo con respecto al índice que publica el Ipec, es sensiblemente inferior. Entonces estamos hablando de una población que se considera pobre en función de una canasta de un costo sensiblemente más bajo al que consideran estudios privados”.

Leve mejoría

Más allá de sus aclaraciones sobre los datos del Instituto Nacional, Farías reiteró lo que viene sosteniendo desde hace unos meses. Según su evaluación, las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social han registrado una menor demanda en los últimos tiempos, respecto de lo que se daba el año pasado. “Diría, incluso, que la situación ha tendido a mejorar levemente”, sostuvo.

El funcionario atribuyó el fenómeno “al mayor nivel de actividad económica, que ha permitido recuperar empleos que se habían perdido por la crisis; y al fuerte impacto que produjo la asignación universal por hijo, en la franja de los sectores más vulnerables y con menos ingresos en la sociedad”.

De todas maneras, Farías insistió en advertir con preocupación algunos fenómenos sociales que impactan fuertemente en Santa Fe y Rosario desde hace algunos años, como son las migraciones internas.

“Las migraciones internas son una realidad dentro de la provincia, desde las provincias del norte del país y también desde países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Perú. El impacto que producen es de acuerdo con la masividad de algunos grupos. En Rosario -ejemplificó-, hay muchas familias de Chaco o países limítrofes que van haciendo convocatorias a sus familiares, entonces es como una cadena que se va reproduciendo y que complica la planificación de las políticas sociales”. El ministro consideró que “Santa Fe y Rosario resultan lugares muy atractivos para estos asentamientos porque tienen buenos servicios de salud, muy extendidos y un servicio de educación pública también muy amplios”.

Con obispos

El ministro también se refirió a la reunión que, acompañando al gobernador Hermes Binner, mantuvo con los cinco obispos santafesinos, donde éstos plantearon su preocupación por la existencia de miles de jóvenes que no estudian ni trabajan.

“Esa es una deuda pendiente, pero no exclusivamente de esta gestión. Esta gestión hace esfuerzos por incluir a jóvenes extendiendo el servicio de educación, estableciendo políticas de llegada a determinados lugares y sectores donde hay un impacto fuerte (hemos presentado un programa en la Cuña Boscosa dirigida a estos jóvenes), y lo que planteamos es que hay una serie de recursos que se están reclamando a nivel nacional que se destinarían a políticas para promocionar a jóvenes que no trabajan ni estudian. Para lograr un impacto masivo en todos los jóvenes que lo necesitan, necesitamos estos recursos que le corresponde a la provincia recibir”.

En cuanto a la asignación universal por hijo para quienes asisten a escuelas privadas -aún siendo carecientes-, mencionó que “los obispos plantearon muy fuertemente este tema. La verdad es que hasta ahora lo que se ha logrado es que la Nación siga pagando la asignación. Lo que sabemos es que hasta fin de año se pagará así”.

“Lo que se nos informó es que en este período se van a analizar los casos de los chicos que perciben la asignación y que a su vez concurren a escuelas privadas, para ver en qué casos corresponde y en cuáles no pagarla. Si esto se realiza en un ritmo suficiente para llegar a fin de año con la situación resuelta, lo desconocemos”, agregó.

En cualquier caso, Farías aclaró que “nosotros no participarmos de ese análisis caso por caso. No se nos ha solicitado mayor información de parte de la Anses sobre el tema. Lo que esperamos es que lo más rápido posible se haga esto para llevar tranquilidad a todas las personas. Descontamos que la inmensa mayoría de estos niños tiene derecho a la asignación por la situación económica y social por la que atraviesan sus padres”.