El Concejo Deliberante de Plottier tratará mañana un proyecto de ordenanza para reglamentar el juicio político y la remoción de funcionarios y ediles en la localidad. La propuesta fue presentada por Carlos Coggiola, (Nuevo Neuquén) y su par de bancada Rosario Ferreyra.

El texto obtuvo despacho ayer en la comisión de Gobierno, donde sólo fue rechazado por los concejales radicales. Inclusive, contó el aval del Frente para la Victoria, partido que formó parte de la coalición de gobierno que llevó al poder al intendente Andrés Peressini.

El proyecto busca reglamentar los artículos 77, 78 y 79 de la Carta Orgánica municipal, que establecen la existencia -aunque con cierta vaguedad- de un mecanismo de remoción de funcionarios. El mismo fue incluido cuando se aprobó el cuerpo de normas, en 1995.

Desde el oficialismo prefirieron no hablar del tema hasta que el proyecto llegue al recinto. Sin embargo, dejaron trascender ciertos resquemores por el momento en que se busca determinar esta medida, 17 años después de que se aprobara la Carta Orgánica.

De hecho, aunque sin referirse específicamente a este proyecto, Peressini aseguró días atrás a este medio en una entrevista que durante los meses de violentos reclamos en Plottier fue víctima de “un intento destituyente”.

“No es contra nadie”

“Si el intendente hace bien las cosas no tiene por qué estar preocupado”, disparó Coggiola en diálogo con este medio. Explicó que el proyecto se presentó hace mucho tiempo y que “no es en contra de nadie”.

“Esto me alcanza a mí también, el juicio político es para todos”, señaló el ex funcionario durante la gestión de Sergio Gallia. Afirmó que la reglamentación “le va a hacer bien a Plottier”, porque establecerá los mecanismos para llevar adelante un proceso que está incluido en la Carta Orgánica.

Mecanismo

Según pudo saber La Mañana, el mecanismo de remoción que se planea aprobar en Plottier (en principio, la oposición contaría con los votos para hacerlo) es similar al que tienen otros municipios e inclusive la propia Provincia.

La propuesta de Coggiola estipula la división del Concejo Deliberante en dos salas, una acusadora y una juzgadora, que serán formadas por sorteo. La primera será la responsable de llevar adelante la investigación, en caso de que la denuncia en contra del funcionario sea considerada y aceptada por el cuerpo.

La otra sala será la encargada de juzgar los hechos con sus respectivas pruebas y emitir el veredicto, que puede terminar con la destitución del funcionario o el edil.