Después de varias semanas de cierta tranquilidad legislativa, el cierre de octubre promete ser a toda marcha en el Concejo Deliberante de Córdoba, en cuanto al ritmo de trabajo habitual.

Antes de fin de mes ingresarán al cuerpo –en ese orden– los pliegos para las licitaciones de los futuros servicios de recolección de residuos y de transporte urbano para la ciudad.

Se trata de los dos desafíos más importantes que tiene por delante la gestión de Ramón Mestre, y de cuyos resultados dependerá, en buena medida, el éxito o no de su mandato.

La intención del Departamento Ejecutivo es tener cerrados ambos procesos antes de fin de año, para poder iniciar los procesos licitatorios en los primeros meses de 2013.

También se espera el envío del proyecto de presupuesto y la ordenanza tarifaria para el año que viene.

En este caso, será el primer cálculo de gastos y recursos que elabora íntegramente la actual gestión municipal.

Para el presente año, algunas de las estimaciones fueron desarrolladas por los técnicos del exintendente Daniel Giacomino, en una transición institucional que resultó por demás complicada.

Además, en un par de semanas emitirá su informe final la Comisión Investigadora de Tecsa, que el propio Concejo Deliberante constituyó tiempo atrás para desentrañar los vericuetos económicos y jurídicos de un largo juicio que ya le ha costado más de 80 millones de pesos al municipio.

Córdoba, limpia. En el caso de los residuos, el esquema que reemplazará a la empresa estatal Crese (creada en febrero de 2009), que tercerizó la prestación en las privadas Lusa y Cotreco hasta fines de 2013, no sería muy diferente al actual.

Según indicó una fuente del Palacio 6 de Julio, la limpieza de la ciudad seguiría repartida entre dos firmas (o a lo sumo tres), y se descuenta que habrá una apuesta más fuerte hacia el reciclado y retoques varios en lo que hace a la frecuencia de la recolección domiciliaria.

Vale recordar que la disposición final de los residuos sólidos urbanos se resolverá en un ámbito metropolitano, ya que Córdoba gestionará el enterramiento sanitario en conjunto con una veintena de otros municipios.

En este caso, se creará un ente específico y la Provincia ya ha comprometido fondos para adquirir el futuro predio de enterramiento.

Tanto los pliegos de la basura como los del transporte serán monitoreados en su tramitación legislativa por dos entidades: Poder Ciudadano y el Ifap, de la UNC. El Ejecutivo pretende con esa movida reforzar los controles externos para dar garantías de transparencia.