En declaraciones con el diario uruguayo El País, el senador Jorge Larrañaga dijo que el proyecto de ley formulado por el oficialismo para dejar sin efecto la ley constituye un grave error. “No se trata de un proyecto que discuta sobre los derechos humanos. Es un proyecto que atropella directamente el pronunciamiento de la gente ejercido en dos instancias plebiscitarias”, disparó el número dos del Partido Nacional. Larrañaga se refirió a los plebiscitos del año pasado y de 1989, cuando él mismo votó por la derogación. “Pero después de dos claros pronunciamientos para mantener la ley, es un ejercicio de soberbia pretender otra interpretación. Han pasado 24 años y se sigue con el mismo tema”, se quejó. “Si la ley del Frente se aprueba, se podría llegar a una tercera instancia plebiscitaria, un verdadero disparate, un absurdo. Pero si hay que recorrer ese camino, lo recorreremos para respetar los pronunciamientos democráticos”, agregó.

La Ley de Caducidad fue creada en 1986 e impide juzgar a los policías y los militares que cometieron crímenes durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). El martes pasado el Frente Amplio inició los trámites parlamentarios para aprobar una norma “interpretativa” de la Ley de Caducidad. “La idea no es anular la ley. Es declararla inexistente e inaplicable por los tribunales. Se trata de un proyecto, apoyado unánimemente por el Frente Amplio, y que se basa en una sentencia de la Suprema Corte que señala que la Ley de Caducidad es inconstitucional”, explicó la semana pasada la diputada Daniela Payssé, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso uruguayo.

Por su parte, el abogado y senador suplente Oscar López Goldaracena festejó anteayer: “La lucha contra la impunidad está llegando a su fin”. El jurista explicó: “Todas las causas archivadas deberán ser abiertas y se podrán presentar nuevas, por tratarse de crímenes imprescriptibles. La Ley de Caducidad pasará a ser letra muerta”.

Según publicó el diario uruguayo La República, la idea de FA es que entre el 5 y el 6 de octubre, la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley y que pase al Senado. El oficialismo intenta evitar que la Corte Interamericana sancione a Uruguay por la vigencia de esa norma, cuando el próximo lunes 4 trate la denuncia presentada por Macarena Gelman contra el Estado uruguayo por denegación de justicia en el caso de la desaparición de su madre, María Claudia García.